España| Hablamos Español: «Llamamiento, el Gobierno de la Comunidad Valenciana nos quiere arrebatar un Derecho Constitucional»

. «Nos quieren callados. Se niegan a que por primera vez se defienda abiertamente la libertad de elección de lengua en un Parlamento de España y, para ello, están dispuestos a saltarse la ley y nuestros derechos»

Redacción.- Barcelona (España), lunes 30 de mayo de 2022. Comunicado de plataforma ‘Hablamos Español’. «Se ruega difusión. Lunes, 30 de mayo de 2022. Llamamiento. Desde la Asociación Hablamos Español hacemos un llamamiento a los cuarenta mil firmantes de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Libertad de Elección de Lengua y a todos los que apoyan lo que defendemos. Apelamos a los partidos políticos, a los agentes sociales, y a quienes creen en el respeto a los derechos que la Constitución Española nos da a los ciudadanos. A todos ellos les pedimos que se posicionen a nuestro lado, exigiendo a los partidos que forman parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana que se nos permita ejercer nuestro derecho a defender la ley de libertad de elección de lengua ante las Cortes Valencianas, un derecho que nos hemos ganado aportando el cuádruple de firmas adveradas legalmente requerido, y que nos quieren arrebatar.

No quieren adaptar el Reglamento a la Ley

La Ley que regula las iniciativas legislativas populares (ILP) en la Comunidad Valenciana dice con claridad que tenemos derecho a defender nuestra ley ante el plenario de las Cortes con el mismo tiempo que los parlamentarios y con turno de réplica. Posteriormente, una vez la ILP haya pasado por la Comisión de Educación, tenemos derecho, de nuevo, a participar en el pleno, para la votación de nuestra ley.

Para que las personas de a pie podamos intervenir en el pleno de las Cortes hay que hacer un cambio en el reglamento. La ley que regula las ILP daba a las Cortes un plazo de tres meses después de su entrada en vigor para que se hiciera esa adaptación del Reglamento, pero no movieron un dedo para cumplir con su obligación.

Cuando presentamos nuestra ILP, los servicios jurídicos de las Cortes avisaron que había que arreglar ese problema, pero no lo solucionaron y ahora tampoco quieren hacerlo, aunque el cambio es muy sencillo, pueden solventarlo un lunes cualquiera cuando se reúne la Comisión de Reglamento.

Nos quieren callados

Nos quieren despachar mandándonos a una Comisión, sin un debate donde poder esgrimir nuestros argumentos. Nos quieren callados. Se niegan a que por primera vez se defienda abiertamente la libertad de elección de lengua en un Parlamento de España y, para ello, están dispuestos a saltarse la ley y nuestros derechos.

Es imposible argumentar en contra de que se eliminen las barreras lingüísticas, de que los niños puedan estudiar en nuestra lengua común y que se respete la cooficialidad en las administraciones públicas. Nos han negado poder debatir en los medios públicos de comunicación, porque ellos los controlan, pero no pueden controlar las instituciones hasta este punto.

Nosotros hemos superado todos los requisitos, hemos estado dos años cumpliendo rigurosamente todo lo que se nos ha pedido, hemos habilitado fedatarios, hemos recogido las firmas siguiendo las normas, en plena pandemia, en la calle, con frío y con calor. Nos hemos ganado el derecho a defender nuestra ley y a obligar a los partidos a debatir, a argumentar y a posicionarse.

Se están vulnerando nuestros derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española y por ello acudiremos al Tribunal Constitucional en amparo, pero es un proceso lento y la Mesa de las Cortes Valencianas también se niega a paralizar los plazos.

Pide a los partidos que se oponen a la adecuación del reglamento a la ley que lo adapten para que podamos defender nuestra ley de Libertad de Elección de Lengua.

Hoy, lunes, se reúne la Comisión de Reglamento, que podría solucionar el problema si hubiese voluntad de hacerlo, y mañana hay reunión de la Mesa de las Cortes, que deberá responder a nuestra pregunta sobre si, definitivamente, nos van a negar nuestros derechos y el de todos los firmantes de la ILP, dejándonos la apelación al Tribunal Constitucional como única salida».

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