Agencias – Según han informado fuentes jurídicas, al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha negado todas las acusaciones, también se le ha interrogado sobre una presunta comisión de 1,4 millones de euros que recibió de la constructora OHL, cuyo consejero Javier López Madrid fue arrestado el jueves 2o de abril de 2017, y ha quedado este viernes, 21 de abril de 2017, en libertad también bajo el pago de la misma fianza. Madrid (España), sábado 22 de abril de 2017. Fotografía: El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (izda) es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Eloy Velasco en la operación Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II. Efe.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospecha que el expresidente madrileño Ignacio González pidió un millón de euros a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para sanear las cuentas del PP madrileño, una de las cuestiones por las que hoy le ha preguntado en su interrogatorio.
Esta operativa pudo haber servido para financiar irregularmente el partido que presidió Esperanza Aguirre entre 2004 y 2016, uno de los delitos que se investigan en la operación Lezo.
De hecho, uno de los detenidos en la operación, por la que Ignacio González ha ingresado hoy en prisión, es José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de ICM, que ha quedado hoy en libertad con la condición de que pague una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril.
Según han informado fuentes jurídicas, al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha negado todas las acusaciones, también se le ha interrogado sobre una presunta comisión de 1,4 millones de euros que recibió de la constructora OHL, cuyo consejero Javier López Madrid fue arrestado el jueves 2o de abril de 2017, y ha quedado este viernes, 21 de abril de 2017, en libertad también bajo el pago de la misma fianza.
Esta comisión la habría recibido por la adjudicación del contrato para la construcción del ferrocarril de Navalcarnero, que nunca se realizó.
Asimismo, el magistrado le imputa su relación en las supuestas comisiones por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en unos terrenos del Canal de Isabel II del barrio madrileño de Chamberí y que se adjudicó a Dragados.
Velasco le ha interrogado asimismo acerca de su participación en uno de los ejes de la investigación del caso Canal: la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013.
Esta empresa fue, según el juez, «hipervalorada ficticiamente» y se hizo sin ningún tipo de control para el «desvío de dinero público madrileño» (23 millones de euros) a «cuentas bancarias de terceros países con opacidad».
Otras de las cuestiones que se le imputan son el manejo habitual de dinero en efectivo y la elaboración de facturas falsas.
