Excargos del ente público declaran hoy en Juicio de los ERE falsos de Andalucía

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Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (i), y José Antonio Griñán (c), junto al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías (d) durante una de las vistas por el caso ERE. Archivo Efe

Efe – En la pieza política del caso ERE, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla juzga a 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por prevaricación y malversación al crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y sin control, según la Fiscalía. Sevilla (España), lunes 7 de mayo de 2018. Fotografía: Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (i), y José Antonio Griñán (c), junto al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías (d) durante una de las vistas por el caso ERE. Archivo Efe

El juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía continúa hoy con la declaración como testigos de exresponsables del ente público IFA (luego IDEA), organismo que pagaba las ayudas concedidas por Consejería de Empleo.

Este lunes testificarán el exjefe de los servicios jurídicos del IFA José Antonio Vicente Ávila y el exdirector del ente Antonio Lara, mientras que el martes será el turno del exsecretario de Administración y Finanzas Francisco José Oyonarte y del exsecretario general Miguel Lucena.

El miércoles comparecerá por la mañana Silvia Patricia Cortés Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo -el departamento que daba las ayudas- y por la tarde, la exjefa de la asesoría jurídica de IFA/IDEA María de la Palma Muñoz.

En la pieza política del caso ERE, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla juzga a 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por prevaricación y malversación al crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y sin control, según la Fiscalía.

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