Redacción (Jenner López, cabo del Ejército español) – En mi corta labor asociativa he tenido el placer de conocer a grandes luchadores, pero sus historias son tristes y deberían conmocionar a nuestros «compañeros» del Cuerpo Juridico, pero no es así, casualmente el Cuerpo Jurídico Militar no se pone del lado del débil, si no del lado del corporativismo, y en apoyo siempre al “ilustre apellido» o al Ministerio de Defensa aun siendo estos participes y por tanto culpables de las injusticias en muchos casos. Madrid (España), martes 2 de abril de 2019.
Son cientos de casos los que existen, pero les hablare brevemente de los que conozco, procurando ser siempre fiel a las pruebas vistas por mí mismo y no solo a las versiones escuchadas.
Comenzando por el Cabo Marcos Soto, firmante de un manifiesto antifranquista en el que expresa su sentimiento y deseo de mantener viva la democracia y la Constitución Española, expedientado varias veces con falta grave por expresar unos ideales como cualquier español de a pie puede hacer partiendo de la libertad de expresión y sin ofender en ningún momento a las Fuerzas Armadas, mientras Oficiales y Oficiales Generales firman manifiestos exaltando la figura del dictador Francisco Franco no han recibido señal alguna de sanción, llegando incluso algunos a ser “fichados” por partidos políticos.
Cambiando de tercio y dirigiéndonos al de la Armada Española, nos encontramos al Teniente José Manuel Candón Ballestero, quien 8 años después de la tragedia donde perdió a cinco compañeros suyos y el quedó con graves secuelas, sigue sin obtener resultado alguno de sus peticiones aun presentando pruebas e informes de peritos de la Guardia Civil, E T. y particulares de prestigio contrastado donde se demuestra que las minas contra-carro que aquel día explosionaron se encontraban en “Estado 40”, es decir, clasificados inútiles y con expediente abierto para desmilitarizar , todos estos explosivos entregados bajo la firma de un General y con el beneplácito del Polvorín de El Viso, dicho sea de paso.
No nos dejemos al Capitán Pedro Palazuelos, quien contaba en ETB como después de 30 años de servicio a las Fuerzas Armadas todo se vuelve contra el tras denunciar casos de corrupción en el Acuartelamiento de Soietxe, donde las empresas privadas campan a sus anchas y los que firman esos contratos y presuntamente engordan facturas salen impunes una vez más, estas «irregularidades» iban desde los procedimientos de contratación, a los consumos de combustible, pasando por la contrata del bar de mandos, servicios en el acuartelamiento, llegando incluso al sabotaje de instalaciones por parte de personal de mantenimiento, irregularidades que podrían haber salpicado al Jefe de Unidad. El resultado de todo esto es un Capitán expulsado del Ejercito por «inadaptación a la unidad» y corruptos condecorados o ascendidos en la mayoría de los casos.
El Teniente Luis Gonzalo Segura, que se limitó a denunciar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, Teniente que tenían que condecorar por sus denuncias y que por el contrario fue expulsado del Ejercito para no ensuciar los “apellidos ilustres” de los que no han recibido castigo alguno, hoy tiene que buscarse la vida como puede sin cesar en su empeño de continuar denunciando las tropelías que muchos de nosotros no hemos tenido el valor de denunciar en su momento, pero que poco a poco van saliendo a luz.
Que decir de nuestro Paracaidista Alejandro Clemente, nuestro luchador se encuentra en una cama ortopédica y alimentado por un tubo de plástico directo al estómago desde el año 2007 y todavía no ha recibido la atención que le corresponde por parte del Ministerio de Defensa, extrayendo información del blog de «La Toga Castrense» podemos leer que el pasado 4 de julio del año en curso, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, contra la sentencia absolutoria del Tribunal Militar Territorial I de Madrid, de fecha 28 de noviembre de 2016, en causa seguida por delito «contra la eficacia del servicio» (imprudencia) con resultados de lesiones muy graves producidas a un soldado paracaidista en acto de servicio. Tras muchos informes el encargado de hacer los cálculos del salto paracaidista ese día fue absuelto de todo y el Ministerio de Defensa, responsable civil subsidiario, sin condena.
Sebastián Ruiz, el padre de uno de los fallecidos en el siniestro de un ‘Súper Puma’ del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) en 2014 denunciaba en medios de prensa las condiciones de seguridad en las que trabajan los pilotos y las trabas que la comisión del Ministerio de Defensa pone en las investigaciones, con el objetivo de «impedir que la responsabilidad llegue a los de arriba. No cesa en su empeño de «limpiar la memoria» de su hijo en los tribunales. El Ejército mantiene que el siniestro en el que perdió la vida el teniente Ruiz fue responsabilidad de los pilotos (él era copiloto aquel 19 de marzo).
Juan Carlos Gonzalez, Infante de Marina con una minusvalía reconocida por la Junta de Andalucía de un 42% y por parte del Ministerio de Defensa un 5%, a día de hoy se encuentra sin ayuda de ningún tipo por parte de los que él consideraba ser «los nuestros», teniendo incluso que recurrir a la venta de pañuelos desechables en los semáforos para poder subsistir hasta que la Seguridad Social se hizo cargo de él después de varios años.
La Artillera ValdeArcos, que injustamente se archiva su caso relacionado con una baja médica y sufriendo acosos laborales de un superior, sin aceptarla a trámite sus pruebas donde se demuestra su inocencia y por tanto la culpabilidad y responsabilidad de una Teniente Coronel que «casualmente» comparte apellido con infinidad de Oficiales y Oficiales Generales, llegando incluso a ni siquiera citar a la Teniente Coronel en el proceso judicial a pesar de ser acusada.
