Expresidentes Griñán y Chaves declararán en el Juicio de la Pieza política del caso ERE

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SEVILLA (ESPAÑA), SEMANA DEL 02.04.2018. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (i), y José Antonio Griñán (c), junto al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías (d), durante la declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernández la semana pasada, en la Audiencia de Sevilla. Efe.

Efe – El expresidente de Andalucía José Antonio Griñán se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. A diferencia de Manuel Chaves, que solo está acusado de prevaricación y afronta 10 años de inhabilitación pero no pena de prisión, el Ministerio Público y las acusaciones populares (PP y Manos Limpias) atribuyen a Griñán la responsabilidad de no haber atendido los avisos de la Intervención de la Junta alertando de que el sistema que se usaba para dar las ayudas no era «adecuado». Sevilla (España), lunes 9 de abril de 2018. Fotografía: SEVILLA (ESPAÑA), SEMANA DEL 02.04.2018. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (i), y José Antonio Griñán (c), junto al exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías (d), durante la declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernández la semana pasada, en la Audiencia de Sevilla. Efe.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves declararán esta semana en el juicio de la pieza política del caso ERE, tras cuatro meses de juicio y después de que hayan declarado, desde el 14 de febrero, 19 de los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados.

El juicio continúa hoy con el interrogatorio al exconsejero de Empleo Antonio Fernández -que lleva cinco días declarando- por parte de su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo.

Del Hoyo prevé necesitar aún toda la sesión del lunes, por lo que, previsiblemente, no será hasta mañana martes cuando Griñán comience a responder a la Fiscalía.

José Antonio Griñán se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos al mantener el llamado «procedimiento específico» por el que, durante una década, la Junta repartió de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según la Fiscalía, más de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

A diferencia de Manuel Chaves, que solo está acusado de prevaricación y afronta 10 años de inhabilitación pero no pena de prisión, el Ministerio Público y las acusaciones populares (PP y Manos Limpias) atribuyen a Griñán la responsabilidad de no haber atendido los avisos de la Intervención de la Junta alertando de que el sistema que se usaba para dar las ayudas no era «adecuado».