Madrid, domingo 4 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados y portavoz nacional de Economía, José María Figaredo Álvarez-Sala, ha concedido una contundente entrevista este domingo al diario digital El Debate. Sus declaraciones se producen apenas 48 horas después del golpe letal infligido al sanchismo en la Cámara Baja, donde las fuerzas democráticas derogaron en bloque los dos reales decretos leyes sobre alquileres y vivienda con los que el Ejecutivo socialcomunista del PSOE y la ultraizquierda de Movimiento Sumar pretendían perpetuar el intervencionismo residencial y el acoso fiscal contra los propietarios.
El dirigente nacional de Vox ha desarmado por completo la narrativa oficialista del Ejecutivo de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, denunciando que el Gobierno ha edificado un modelo económico artificial y destructivo. «La España de Pedro Sánchez ha creado un modelo económico cuyo único crecimiento se basa en inmigrantes», ha sentenciado Figaredo, detallando que la entrada masiva de 7,8 millones de personas bajo el actual mandato ha provocado una presión insostenible sobre el mercado residencial. Esta demanda descontrolada ha estrangulado la oferta disponible, hasta el punto de que los portales inmobiliarios registran hoy la mitad de pisos en alquiler de los que había hace solo un lustro.
Frente a la excusa sistemática de las crisis internacionales de Irán o Ucrania esgrimida por el Ministerio de Economía, Figaredo ha subrayado que España encabeza la inflación en la OCDE debido a que todas las medidas gubernamentales son netamente inflacionistas. El portavoz económico ha denunciado que la nación es el país de la Unión Europea que más ha incrementado su presión fiscal en la última década. Ante este escenario, Vox exige una reducción drástica de los gravámenes que pesan sobre los combustibles y los productos energéticos, atacando de raíz tasas como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA.
El colapso del sistema eléctrico y el estrangulamiento urbanístico
La fiscalización de Vox ha puesto el foco en la degradación de las infraestructuras básicas y la parálisis regulatoria que asfixia a la promoción residencial. Figaredo ha alertado de que existen promociones inmobiliarias completamente terminadas que no pueden ponerse en el mercado porque el operador estatal no les garantiza el acceso al suministro eléctrico. Esta quiebra del sistema se evidencia en que el denominado «mecanismo de interrumpibilidad» —utilizado para desconectar de urgencia a los grandes consumidores industriales cuando hay exceso de demanda para evitar un apagón general— se ha activado en el último año más veces que en los cinco años anteriores juntos. «Eso es porque se han cargado el sistema eléctrico español en la Red Eléctrica de España», ha aseverado.
Esta parálisis energética se suma a un laberinto burocrático que bloquea la edificación de nuevos inmuebles para las familias españolas. El secretario parlamentario ha revelado que la complejidad de la legislación urbanística actual provoca que el tiempo medio necesario desde que se adquiere un terreno bruto hasta que se convierte en suelo finalista listo para construir sea de 15 años. A juicio de la formación patriota, este retraso estructural ha impedido por completo la inversión en el sector inmobiliario y ha destruido la capacidad de respuesta ante la escasez de pisos.
Para revertir este colapso provocado por las directrices sanchistas, el plan económico de Vox aboga por una simplificación administrativa radical que dinamite las trabas locales y autonómicas. Figaredo ha defendido la necesidad imperiosa de liberalizar el suelo de forma masiva, poner a disposición pública los solares de las administraciones para levantar promociones de compra y alquiler social, e incrementar las alturas permitidas en las ordenanzas municipales para favorecer que los edificios reformados tengan capacidad para alojar a un mayor número de ciudadanos.
El plan alternativo de Vox: «El Hexágono de la Prosperidad»
Frente al modelo de empobrecimiento y decrecimiento del bipartidismo del PP y del PSOE, Vox opone su «Programa Económico y de Vivienda», un proyecto de reforma estructural concebido para rescatar el poder adquisitivo de los españoles. El núcleo fiscal de la propuesta plantea una auténtica revolución en el sistema de recaudación del IRPF, reduciendo la tributación a solo dos tramos únicos: un tipo del 15 % para rentas de hasta 70.000 euros y un tipo del 25 % para ingresos superiores, fijando un mínimo exento de tributación de 22.000 euros para proteger a las rentas más bajas. Aunque el coste presupuestario estimado de esta reforma ronda los 46.000 millones de euros, Figaredo ha aclarado que la medida es plenamente viable si se ejecuta un recorte radical del gasto político y se elimina la totalidad de las subvenciones anuales superiores a los 100.000 euros que el Estado concede a partidos, sindicatos y patronales.
Vox activa su alternativa residencial tras el derribo de los decretos de Sánchez
En el ámbito habitacional, el plan de Vox persigue que España vuelva a ser un país de propietarios de clases medias. Para ello, propone la supresión del IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual, la bonificación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la recuperación estructural de la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF. La formación de Abascal defiende un modelo de libre mercado residencial protegido frente a las injerencias colectivistas, eliminando los controles de precios y las prórrogas forzosas que han destruido el 56 % de la oferta de arrendamiento de larga duración. Esto se complementará con una política de mano dura y desalojo inmediato contra la delincuencia de la okupación y la inquiokupación.
El arraigo y la prioridad nacional por ley
Finalmente, el programa consagra el principio de prioridad nacional bajo la premisa indiscutible de «el español siempre primero». Vox propone prohibir por ley el arrendamiento de viviendas a inmigrantes ilegales, perseguir penalmente los empadronamientos fraudulentos y fijar el arraigo familiar y el acumulado histórico de años en España como el criterio principal y excluyente para acceder a cualquier promoción de vivienda social o protegida.
Para atajar la burbuja especulativa que encarece las principales capitales, el plan contempla aplicar una fiscalidad diferenciada y punitiva sobre la compra de inmuebles por parte de capital y fondos extranjeros no comunitarios. Toda esa recaudación resultante se destinará íntegramente a financiar exenciones fiscales y bonificaciones para los compradores nacionales, protegiendo el patrimonio de las clases medias frente a los intereses globales.