Lasvocesdelpueblo y Agencias – «Una bandera (separatista) que justifica atropellos a la cartera» propio saqueo del Pacio de la Música en Cataluña con la complicidad del banco catalán que nunca denuncia pese los «300 mil euros» que la gente de Convergencia (CDC) del presidente regional Carles Puigdemont, y inhabilitado Artur Mas, cobraba en numerosas ocasiones en la ventanilla de los bancos en Cataluña. «Me voy a abstener de calificar la actitud del director de la sucursal de Cataluña Caixa de la Via Laietana de Barcelona», ha añadido el fiscal, que ha dejado caer que en esa oficina había trabajado Gemma Montull (CDC). Barcelona (España), lunes 29 de mayo de 2017. Fotografía: El fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, abandona la Ciudad de la Justicia después de exponer hoy, lunes 29 de mayo de 2017, sus informes finales del juicio por el expolio del Palau de la Música, en que pide penas de hasta 14 años y nueve meses para los exresponsables de la institución y 8 para el extesorero del partido del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, Convergencia (CDC), formación a la que acusa de lucrarse a través del saqueo. Imagen Efe.
El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha denunciado hoy que el saqueo del Palacio de la Música fue propiciado por un «círculo socio-político» con una «dinámica complaciente», en el que «la bandera justifica casi cualquier atropello a la cartera».
«Eso hemos tenido aquí. Y ahora todo el mundo a rasgarse las vestiduras, pero se tenían que haber rasgado muchísimo antes», ha mantenido el fiscal, que hoy expone ante la sala de la Audiencia de Barcelona sus informes finales del juicio por el expolio, en que acusa a CDC del presidente catalán Puigdemont de lucrarse a través del saqueo de la institución.
Sánchez Ulled ha iniciado su discurso lamentando que el millonario expolio sucediera durante años sin que los organismos de control de la entidad lo advirtieran y ante un «círculo socio-político muy determinado, satisfecho, complaciente, donde parecer ser que la bandera justifica casi cualquier atropello a la cartera».
«Eso hemos tenido aquí», ha remachado el fiscal, que ha ironizado sobre el «inaudito» hecho de que el juicio por el saqueo se esté celebrando «en el lugar delito», en referencia a la Ciutat de la Justicia, un de las grandes obras que presuntamente logró adjudicarse la constructora Ferrovial a cambio de comisiones pagadas a CDC a través del Palacio de la Música.
Tras recordar que la Fiscalía «no cuenta solamente con los reconocimientos de los acusados» para acreditar los hechos, Sánchez Ulled ha advertido:
«hay cosas que hay que decir en voz alta porque, sin ellas, no se entiende nada de lo que pasó en el Palacio de la Música durante diez años».
En ese sentido, se ha referido a una «fotografía social demoledora, que influye, explica y clarifica» los hechos que el fiscal cree acreditados, y ha recordado algunas de las declaraciones del juicio, en las que, a su parecer, «queda clara la prepotencia de mucha gente que se creía intocable. Es evidente, triste y estremece», ha deplorado.
Pese a admitir que los principales acusados «han reconocido todo excepto la parte relativa al fraude fiscal», Sánchez Ulled ha criticado que se esté imponiendo «la sensación» de que la confesión de los exrepsonsables del Palacio de la Música delatando a CDC por el pago de comisiones «acredita los hechos».
Sin embargo, para el representante del ministerio público, el reconocimiento de los principales acusados solo «refuerza claramente, perfila y detalla la estructura de pruebas» en que se basa para mantener su acusación.
«No encuentro explicación alguna al patético papel de los organismos de control en todo este asunto», ha señalado el fiscal, tras denunciar que la Intervención General, dependiente de la Generalidad de Cataluña, no fue «capaz de ver nada cuando cantidades inusitadas de dinero salían en forma de cheques de una institución pública».
«Un ente que ha tenido un integrante con una determinada relación con la acusada y ni siquiera ha salido expedientado», ha apuntado el fiscal, en referencia a un excargo de Intervención General que fue pareja de la exdirectora financiera del Palacio Gemma Montull.
Además de una Intervención que «no ha sido capaz de ver cómo cantidades inusitadas de dinero salían en forma de cheques de una institución pública», el fiscal ha arremetido contra la empresa que supervisaba las cuentas del Palau -Gabinete Técnico de Auditoría- y que, a su parecer, «prescindió total y absolutamente de todos aquellos elementos de especial riesgo».
«No fueron capaces de detectar en nueve años siete millones de euros en cheques salidos de la Fundación del Palacio, les pareció lo más normal del mundo», ha exclamado.
Asimismo, el fiscal se ha confesado «totalmente estupefacto ante el grado de indolencia de las entidades bancarias», que no dejaron constancia de cheques al portador de hasta 300.000 euros cobrados en ventanilla del banco, «contraviniendo la normativa antiblanqueo».
«Pero ninguna de esas entidades bancarias efectuó una comunicación al Servicio de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC) acerca de esos movimientos sospechosos», ha añadido Sánchez Ulled, que ha ironizado:
«Digo yo que a un director de sucursal medianamente constituido le parecerían sospechosos…».
«Me voy a abstener de calificar la actitud del director de la sucursal de Cataluña Caixa de la Via Laietana de Barcelona», ha añadido el fiscal, que ha dejado caer que en esa oficina había trabajado Gemma Montull.
Sánchez Ulled ha afeado además el papel de «cargos subalternos del Palau», que a su parecer denota «como mínimo, y para su vergüenza, un servilismo inaudito para con los exresponsables» de la entidad, mientras «recogían las migajas que les quisieran dejar».
Una pequeña prueba que «ilustra» la sospechosa conducta de los exresponsables del Palau es, para el fiscal, el hecho de que Fèlix Millet pagara con billetes de 500 euros los paquetes de tabaco que mandaba comprar a trabajadores de la entidad, hecho que una testigo acudió a denunciar ante los Mossos d’Esquadra en 2010.
El fiscal pide penas de hasta 14 años y nueve meses para los exrepsonsables del Palacio de la Música y ocho años para el exterorero de CDC Daniel Osàcar, formación a la que acusa de lucrarse a través del saqueo de la institución cultural.
