Lasvocesdelpueblo y Agencias – «Juicio Procés» a los golpistas miembros de la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña en 2017. El fiscal ha negado que el juicio a los golpistas, compañeros de la presa golpista Carme Forcadell Lluís (ERC), en la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña durante el golpe de estado separatista en Cataluña, y a la acusada exdiputada de la CUP, Mireia Boya, por su «desobediencia extrema» sea una causa política contra el independentismo, mientras los acusados sostienen que son víctimas de una «causa general» al separatismo. «Ninguno de los poderes del Estado está por encima del resto», ha agregado Ariche, que ha advertido de que los mensajes de desobediencia a los tribunales con los que de manera «recurrente y desafortunada» se «jactan» algunos políticos contienen un «preocupante contenido de autocracia y totalitarismo». Barcelona (España), viernes 24 de julio de 2020.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha quedado este viernes visto para sentencia el juicio por desobediencia a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlamento en la pasada legislatura -Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Barrufet y Lluís Guinó- así como la exdiputada de la CUP Mireya Boya, para quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido 1 año y 8 meses de inhabilitación. El partido político VOX ejerce de acusación popular, tal y como ya hizo la formación de Santiago Abascal Conde en el Juicio Procés a los líderes golpistas del separatismo en Cataluña.
En su informe final, el teniente fiscal Pedro Ariche ha negado que exista una «causa general» contra el separatismo y ha subrayado que los acusados llevaron su desobediencia «al extremo» en su vía unilateral para romper con la legalidad en 2017.
«No se juzga aquí al independentismo», ha exclamado Ariche, que ha defendido que no se trata de un juicio «político» porque «todas las ideas son legítimas si no colisionan frontalmente con el Código Penal», por lo que los acusados se sientan en el banquillo no por su ideología sino por su «concierto de voluntades» para desoír al Tribunal Constitucional al tramitar las leyes del golpe de estado separatista: Ley del referéndum ilegal del 1-O, Ley de la transitoriedad (negociaciones de la separación o desconexión de Cataluña del resto de España) y Ley de la proclamación de independencia de Cataluña, con los resultados del referéndum ilegal.
El fiscal ha insistido en que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria -ya que no es «ilimitada»- y ha recalcado que tenían la obligación de cumplir los mandatos del TC para vetar las iniciativas que fuesen «palmariamente inconstitucionales», para que así no pudiesen llegar al pleno.
Según Ariche, el programa electoral de JxSí para las elecciones de 2015 contenía «aspiraciones legítimas» de los independentistas, aunque introducía una frase «inquietante», al considerar que el Gobierno -entonces con Mariano Rajoy al frente- cerraba «cualquier vía al diálogo» al condicionarlo al respeto al marco legal.
Fueron los acusados quienes, según el fiscal, «renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad, en favor de la ruptura de la legalidad, estatal y de Cataluña». «Anunciaron su desobediencia y ejecutaron la desobediencia y la llevaron hasta el extremo final», ha indicado.
«Ninguno de los poderes del Estado está por encima del resto», ha agregado Ariche, que ha advertido de que los mensajes de desobediencia a los tribunales con los que de manera «recurrente y desafortunada» se «jactan» algunos políticos contienen un «preocupante contenido de autocracia y totalitarismo».
A su entender, los acusados idearon un plan para tramitar y facilitar las resoluciones y leyes «abiertamente inconstitucionales» para dar una «apariencia» de legalidad a las leyes de la desconexión, ya sea desde la Mesa -Corominas, Simó, Barrufet y Guinó- como desde los grupos parlamentarios -Corominas, desde julio 2017, y Boya-.
El fiscal ve «sesgado» y «equivocado» el argumento de los acusados de la Mesa de que no podían entrar en el contenido de las iniciativas y sólo podían analizar los requisitos formales, porque entiende, como testificaron los letrados de la cámara, que cuando una iniciativa es «palmariamente inconstitucional» la deben vetar.
Según Ariche, durante el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, en que se aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, los acusados «desbordaron los límites objetivos y subjetivos de la desobediencia» y laminaron los derechos de la oposición, ya que la Mesa «perdió su función imparcial y actuó al servicio del poder ejecutivo».
Por contra, las defensas han pedido que los miembros de la Mesa en la etapa de Forcadell no sean condenados por ejercer su trabajo como parlamentarios, al argumentar que estaban amparados por ley como «legítimos representantes» de la ciudadanía y que les protegía su inviolabilidad.
En su último turno de palabra, los cuatro acusados de la Mesa han negado que tuviesen voluntad de delinquir o de desobedecer al Constitucional y han denunciado que, en contra de lo que sostiene el fiscal, han sido víctimas de una «causa general» contra el independentismo.
Por su parte, Boya, la única de los acusados que no recibió ningún requerimiento del Constitucional, ha reivindicado su apuesta por la desobediencia civil como vía para cumplir su programa electoral y ha alegado que el «muro» creado por el TC y el «régimen de 78» contra el independentismo les ha «obligado» a desacatar las «leyes injustas».
