Efe – El fiscal ha mantenido en el juicio su petición de 40 años de prisión para el exjefe del aparato militar de ETA Javier García Gaztelu, alias Txapote, por ordenar el «cobarde asesinato» del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera, al que los etarras mataron el 22 de octubre de 2000 en Vitoria. Madrid (España), miércoles 25 de septiembre de 2019.
La Audiencia Nacional ha dejado este martes visto para sentencia el juicio de Txapote y de los tres presuntos autores materiales del atentado, Íñigo Guridi Lasa, alias Xabi; Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio, para quienes el fiscal ha solicitado la misma pena por el asesinato cometido con bomba lapa colocada en los bajos del coche de la víctima y estragos.
El fiscal José Javier Polo ha estimado que en la vista ha quedado probado que Guridi, Arzalluz y Aguirrebarrena integraban el comando Ttotto, que estuvo activo en Álava entre junio de 1999 y febrero de 2001 y cuyo responsable era Txapote, que se encargó de señalar como objetivo a Máximo Casado Carrera, que estaba destinado en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava).
Ha añadido que para ello desde Francia Txapote se encargó de enviar a los miembros del comando datos de las costumbres de la víctima que le facilitaron los integrantes de un comando de información de ETA, Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo, ya condenados a 28 años de prisión por estos hechos.
De esta forma los miembros del comando colocaron en los bajos del coche del funcionario una bomba lapa que hizo explosión cuando este lo puso en marcha sobre las ocho menos cuarto de la mañana del 22 de octubre de 2000 en el garaje comunitario del edificio donde vivía, según el relato del representante de la Fiscalía.
El fiscal ha comentado que los terroristas se aprovecharon de que uno de los etarras del aparato de información ya condenados por estos hechos era vecino de la víctima.
Y ha añadido que en la mañana del atentado la mujer de Máximo Casado no estaba en el vehículo en el que se produjo la explosión porque había cambiado su turno de trabajo con una compañera y se había quedado en casa, pero los terroristas «estaban preparados para asesinar a quien se subiera al coche».
La abogada de la acusación particular, ejercida por la viuda y la hija de la víctima, ha reclamado una pena de 44 años de cárcel para cada acusado y ha comentado que «diecinueve años después ambas han podido conocer quiénes de manera vil, sucia, deleznable y muy cobarde acabaron con la vida de su marido y padre, respectivamente».
Por su parte el letrado de la acusación popular, ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo, ha pedido 33 años de prisión para cada acusado y ha comentado que «hoy, día del patrón de los funcionarios de prisiones, se ha acreditado quiénes son los autores de este vil y cobarde asesinato».
En su turno de última palabra los acusados han mantenido su decisión de no prestar declaración alguna y su abogado se ha limitado a pedir la absolución de todos ellos sin emitir informe.
