Barcelona (España), martes 28 de julio de 2026 (Efe).- Los tres agentes de los Mossos d’Esquadra procesados por presuntamente ayudar a Carles Puigdemont Casamajó a huir tras su regreso fugaz a Cataluña el 8 de agosto de 2024 han alegado ante la juez instructora que el dispositivo policial desplegado aquel día no tenía como objetivo detener al expresidente catalán, sino garantizar el desarrollo de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat Catalunya. Los agentes han presentado un recurso contra la decisión de la juez de dejarlos a las puertas de juicio por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa sostiene que una reciente respuesta parlamentaria del Govern confirma que la detención de Puigdemont no formaba parte de los objetivos del operativo policial.
Los mossos, defendidos por el abogado Gonzalo Boye, que también representa a Puigdemont, incorporan al recurso una respuesta del Ejecutivo catalán publicada el pasado 22 de julio que consideran un «elemento sobrevenido de primer orden». Según la defensa, ese documento acredita que «la ejecución de la orden de detención no formaba parte de los objetivos del dispositivo policial desplegado aquel día».
En esa respuesta, elaborada a partir de la información facilitada por la Dirección General de la Policía, el Govern señala que el dispositivo del 8 de agosto tenía como principales objetivos «garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria, preservar la seguridad de las personas asistentes y evitar incidentes de orden público».
Asimismo, el Ejecutivo catalán sostiene que las actuaciones desarrolladas durante ese operativo se realizaron atendiendo a criterios de «necesidad, proporcionalidad y adecuación a las circunstancias concurrentes en cada momento».
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La respuesta parlamentaria fue emitida a raíz de una pregunta formulada por Junts sobre las multas impuestas a varios independentistas que intentaron acceder al parque de la Ciutadella mientras el Parlament celebraba el pleno de investidura de Salvador Illa.
En su recurso, los agentes recuerdan además que ninguno de los tres formaba parte del dispositivo de seguridad del 8 de agosto, ya que uno se encontraba de vacaciones, otro disfrutaba de un permiso y el tercero estaba de baja médica. Por ello, aseguran que no tenían asignada ninguna función operativa ni recibieron órdenes o requerimientos para intervenir.
La defensa sostiene que no puede reprocharse a un agente que no estaba de servicio no haber realizado una actuación que, según argumenta, tampoco estaba encomendada al operativo policial desplegado y dirigido por los mandos responsables.
El abogado considera que la respuesta del Govern «despoja este reproche de su último asidero» y afirma que la orden de detención de Puigdemont no figuraba entre los objetivos definidos por quienes tenían la responsabilidad operativa del dispositivo.
El recurso sostiene además que exigir a los agentes que hubieran detenido por su cuenta a Puigdemont, «desarmados, sin coordinación operativa alguna y encontrándose de vacaciones o de baja médica», habría sido una actuación «materialmente inviable», con un riesgo elevado para la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes.
La defensa concluye que el deber de los mossos de ejecutar la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo no implicaba «emprender lo imposible ni lo desproporcionado», por lo que solicita que se revise la decisión que los sitúa ante la posibilidad de ser juzgados.