Barcelona, miércoles 14 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El secretario general de Vox y presidente del Grupo Parlamentario de esta formación patriota en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga Vaz de Conceiçao, ha reaccionado con absoluta contundencia a la polémica decisión judicial del Tribunal de Cuentas, que este mismo miércoles ha dictado una sentencia en la que aplica formalmente la amnistía y absuelve a los líderes del golpe del Procés separatista de su responsabilidad contable. El número dos de la formación verde presidida por Santiago Abascal Conde ha denunciado en la red social X el doble rasero de un organismo fiscalizador que, según sus palabras, ha servido de ariete político al Ejecutivo de Pedro Sánchez Pérez-Castejón —cercado por numerosos casos de corrupción—, persiguiendo con una ofensiva sancionadora millonaria a la formación patriota mediante multas ilegales que finalmente tuvieron que ser tumbadas por el Tribunal Supremo por carecer de base probatoria.
El secretario general de Vox se ha mostrado tajante al manifestar a través de sus redes oficiales de manera rotunda: «Así es como utiliza la mafia socialista las instituciones que tienen a su alcance, perdonando a los golpistas por robar millones de euros que deberían haber ido a lo que de verdad necesitan los catalanes: sanidad, vivienda, ayudas a la dependencia y bajadas de impuestos». Con esta contundente afirmación, Garriga ha puesto el foco sobre cómo el entramado político del Gobierno socialcomunista maneja los resortes del Estado para blindar a sus socios de legislatura, privando a la ciudadanía de unos recursos económicos esenciales que fueron malversados durante el desafío separatista catalán.
Asimismo, Ignacio Garriga ha recordado el agravio comparativo que sufre su partido político frente al perdón sistemático otorgado al separatismo catalán, criticando que el borrado de responsabilidades se ejecute precisamente «con el mismo organismo que ha estado persiguiendo a Vox a través de dos sanciones inventadas e ilegales que tuvieron que ser anuladas por el Supremo». Ante lo que califica como un absoluto atropello a la equidad de las instituciones del Estado y una evidente utilización partidista de la justicia contable, el líder patriota ha lanzado una firme y urgente consigna de movilización social dirigida a todo el electorado español, concluyendo su intervención con una inequívoca llamada a la acción: «¡Hay que llenar las urnas para echarles!».
La controvertida resolución judicial del Tribunal de Cuentas que ha desatado la indignación de Vox ha sido dictada por la consejera Elena Hernáez. El fallo absuelve formalmente a un total de 35 encausados por la Fiscalía y por la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana, declarando totalmente extinguidas las responsabilidades contables que se les reclamaban por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y a las campañas de promoción del separatismo en el extranjero.
La sentencia exime de pagar un total de 4,3 millones de euros de dinero público a los máximos cabecillas del golpe contable catalán, entre los que figuran los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont Casamajó y Artur Mas i Gavarró, el exvicepresidente Oriol Junqueras i Vies, además de numerosos exconsejeros como Raül Romeva, Jordi Turull, Antoni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa. Además de la absolución total de los encausados, el Tribunal de Cuentas ha ordenado el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares y los embargos preventivos fijados en la instrucción, así como la cancelación definitiva de los millonarios avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF) que servían como fianza en el procedimiento.
Para justificar legalmente la aplicación de la medida de gracia en esta importante causa contable, la resolución del organismo fiscalizador alega que «no ha resultado acreditado» que los masivos gastos derivados del proceso independentista catalán afectaran directamente a los intereses financieros o al presupuesto general de la Unión Europea. La consejera ha tomado esta determinación definitiva tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el consiguiente aval del Tribunal Constitucional controlado por la mayoría afín al Gobierno, lo que en la práctica ha cerrado la última vía de resistencia que mantenía el tribunal contable para obligar a los líderes del golpe a restituir el dinero de las arcas públicas.
La cronología de este largo procedimiento penal e institucional se remonta a los años álgidos del desafío separatista catalán, concretamente entre 2011 y 2017, periodo en el cual los diferentes ejecutivos de la Generalitat de Catalunya desviaron sistemáticamente fondos públicos para sufragar las estructuras del golpe de Estado del 1-O, así como para tejer una red de propaganda exterior conocida como el Diplocat, destinada a buscar reconocimiento internacional simulando embajadas oficiales de un país independiente. La instrucción contable determinó provisionalmente un desfalco millonario que obligó a fijar fianzas cautelares que superaban los 4 millones de euros para evitar el embargo directo de los bienes patrimoniales de los dirigentes independentistas implicados.
Impunidad total para el separatismo: Perdonan el robo del Procés y levantan las fianzas
Con la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del bloque de investidura de Pedro Sánchez en mayo de 2024, el proceso contable entró en una fase de profunda parálisis debido a las dudas legales planteadas por el propio Tribunal de Cuentas. La consejera de instrucción Elena Hernáez decidió suspender los plazos y elevar una trascendental cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con el firme objetivo de aclarar si el perdón del desfalco de los líderes catalanes vulneraba la normativa de protección de los fondos comunitarios.
Tras meses de deliberaciones internacionales, la corte de Luxemburgo determinó formalmente que la amnistía responde a una estricta decisión política de los Estados soberanos y descartó que la malversación investigada pusiera en riesgo de forma directa las finanzas propias de la Unión Europea. Con este respaldo jurídico comunitario en la mano, sumado al posterior aval del Tribunal Constitucional a la polémica ley del olvido penal y contable, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas —previamente firme defensora de exigir la restitución de los 3,1 millones de euros malversados— dio un giro radical alineándose con la postura gubernamental y respaldando la aplicación total del perdón.
De este modo se llega a la fecha de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026, con la firma y notificación de una sentencia absolutoria que entierra definitivamente el frente económico del Procés en el Tribunal de Cuentas. No obstante, la batalla jurídica no ha concluido del todo en el escenario español, dado que la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana ya ha anunciado que presentará un recurso de impugnación contra esta decisión ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas y, si fuera necesario, recurrirá posteriormente ante la vía contencioso-administrativa del Tribunal Supremo para frenar lo que consideran una impunidad económica inaceptable.
Este escenario de impunidad económica para los líderes del separatismo contrasta radicalmente con el agresivo e incansable acoso que el Tribunal de Cuentas desplegó contra Vox. El órgano fiscalizador impuso en su día una desorbitada sanción económica que ascendía a los 862.496 euros contra la formación liderada por Santiago Abascal, basándose en una denuncia inicial promovida políticamente por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez.
La maquinaria judicial contable trató de estrangular económicamente al partido verde acusándole de incurrir en una supuesta «financiación ilegal» y de recibir «donaciones anónimas no identificadas». La excusa esgrimida por el Tribunal de Cuentas consistía en calificar de forma fraudulenta los modestos ingresos en efectivo que la formación patriota recaudaba legítimamente en sus mesas informativas a pie de calle; ingresos de apenas 1 euro que los militantes y simpatizantes entregaban voluntariamente a cambio de productos de merchandising promocional, tales como pulseras con la bandera de España, folletos, llaveros o bolígrafos del partido.
Sin embargo, toda esta persecución institucional y mediática orquestada contra la oposición patriota fue desmontada por completo por el Tribunal Supremo, estimando el recurso de Vox y anulando de manera fulminante la cuantiosa multa al concluir de forma unánime que la resolución sancionadora carecía absolutamente de base probatoria y de tipicidad legal. El Alto Tribunal sentenció con claridad que el Tribunal de Cuentas cometió una grave infracción jurídica al pretender equiparar de forma arbitraria la venta legal de artículos promocionales con donaciones prohibidas, certificando que no existía ni un solo indicio de gratuidad ni transmisiones patrimoniales que vulneraran la Ley de Financiación de Partidos Políticos, propinando un revés judicial histórico a la estrategia socialista de acoso a la disidencia verde.