Gibraltar (España), domingo 21 de junio de 2026 (Efe).- Este temor «es un efecto psicológico que legó Franco, dividió a las familias y nos convirtió en una población enjaulada donde el mal estaba al otro lado». El ministro principal de Gibraltar, Fabian Raymond Picardo, advierte de que será un «tonto» el político que intente descarrilar el acuerdo de Gibraltar, que entrará en vigor el 15 de julio, ante la posibilidad de que el año que viene haya un gobierno de PP y Vox en España, que rechazan el tratado.
«Sería tonto el político que intentara traer menos fluidez y menos prosperidad compartida» a la zona, asegura Picardo en una entrevista con un grupo de medios a menos de un mes de implementarse un acuerdo, aún provisional, y que supondrá, entre otras cosas, el derribo de la verja, levantada por los británicos en 1909.
Ante el rechazo del PP y Vox, que consideran este acuerdo una renuncia a la soberanía española del Peñón y perjudicial para el Campo de Gibraltar, recuerda que fue un ministro de Exteriores popular, Alfonso Dastis, quien puso en marcha el proceso que ahora culmina con un Gobierno socialista.
En la frontera, llena de andamios, desmontarán entre este domingo y el día 25 la parte más visual de la frontera, todo lo que son las estructuras y la verja irá lo último.
Habrá una ceremonia el día 15, todavía por concretar, aunque lo importante -subraya Picardo- es que «estamos comprometidos» a no posponer la fecha, «que pasará a la historia buena de las relaciones entre España y Gibraltar», que son quienes más tienen que perder «si no sale bien».
En todo caso, el tratado, que se acordó el 11 de junio de 2025, debe ser firmado por Reino Unido y Bruselas antes de derribar la verja y se baraja la fecha del 13 de julio, pero podría ser antes o un día después, según el ministro principal.
Uno de los efectos colaterales del histórico acuerdo y que preocupa al Ejecutivo gibraltareño es la avalancha de peticiones de residencia que han tenido en un territorio de apenas 7 kilómetros cuadrados y unos 38.000 habitantes.
Han pasado de mil solicitudes anuales a 3.000 en sólo tres meses, y por eso -avisa Picardo- van a ser «mucho más rigurosos» y los solicitantes tendrán que acreditar «una relación real» con Gibraltar, lo que incluye un vínculo económico para contribuir también a la Seguridad Social y a otras prestaciones del sistema.
Con estos nuevos requisitos que acaban de aprobar, como tener un contrato y un sueldo de 43.000 euros, vivienda habitual en alquiler o compra y menos de 55 años para obtener la residencia, quieren impedir que alguien pueda simplemente «comprar» un salvoconducto para transitar por el espacio Schengen .
Muchos ciudadanos están preocupados porque la seguridad de la que disfrutan pueda verse comprometida con el acceso ya sin controles y temen un aumento de carteristas y okupas, según algunos gibraltareños consultados por Efe.
Para Picardo, este temor «es un efecto psicológico que legó Francisco Franco Bahamonde, dividió a las familias y nos convirtió en una población enjaulada donde el mal estaba al otro lado», señala al referirse al cierre de la verja en 1969, bloqueada hasta 1982 cuando lo levantó el Gobierno de Felipe González.
«Yo soy producto de la frontera cerrada por un dictador y eso nos produjo un gran sentido de seguridad», dice Picardo, al recordar que también hubo sensación de inseguridad cuando se abrió la frontera o cuando más tarde se puso en marcha el pasaporte europeo: «al abrir la jaula no solamente permite que el pájaro vuele también entran otros pájaros».
Pero asegura que están preparados para la nueva situación y han invertido «muchísimos recursos», por ejemplo, con cámaras en el aeropuerto que identifican biométricamente a las personas que puedan estar en las bases de datos de Interpol y están implementando una red de cámaras en todo Gibraltar.
De todos modos, Picardo está convencido de que hay más riesgo «por lo que pueda entrar en la habitación de los niños de noche a través del móvil que lo que pueda entrar andando por la frontera».
