Lasvocesdelpueblo y Agencias – En un entrevista en La Sexta, el Gobierno de Pablo Iglesia y Pedro Sánchez ha calificado de «inaceptable» la respuesta del Gobierno murciano que ha anunciado que no va retirar esa instrucción que ha dado a los centros educativos para que soliciten a los padres ese permiso para que los niños asistan a las clases de adoctrinamiento escolar sobre el sexo e ideología socialcomunista. «Sería tanto como retirar internet o los móviles; es algo que es verdaderamente incorporar una pretensión política fundamentalista en un sistema educativo que jamás ha tenido ningún problema», ha aseverado. Madrid (España), lunes 17 de febrero de 2020.
La ministra de Educación del Gobierno de coalición socialcomunista de Unidas Podemos y PSOE, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo murciano tiene 24 horas para retirar el «pin parental» de VOX o el Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pedirá el martes, 18 de febrero de 2020, al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que lo suspenda.
«Esa comunidad aún tiene esas 24 horas para poder reponer la legalidad, sino mañana mismo recurrimos» ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia esa decisión, que «vulnera los derechos de los niños a ser educados en libertad«, ha dicho la ministra socialista.
Celaá ha insistido en que no se pide permiso a los padres para «actividades voluntarias, sino actividades complementarias que son materia curricular obligatoria y evaluable».
Para la responsable de Educación del ejecutivo de Unidas Podemos y PSOE, una decisión así «no se ha visto nunca porque en 25 años de gobierno de Murcia no se ha declarado un solo adoctrinamiento».
«¿Por qué inventarse un problema que menoscaba la competencia del centro escolar, de la comunidad educativa y además va contra la libertad de cátedra de los docentes», ha preguntado Celaá.
«Sería tanto como retirar internet o los móviles; es algo que es verdaderamente incorporar una pretensión política fundamentalista en un sistema educativo que jamás ha tenido ningún problema», ha aseverado.
Por ello, si el Gobierno murciano no ha modificado esa norma antes del plazo que le dio Educación en su requerimiento para retirarlo «Educación irá a la Justicia y pedirá una suspensión cautelar» de esa medida, ha concluido Celaá.
