Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Subdelegación del Gobierno del presidente Pedro Sánchez en Cádiz: «No va a haber ningún estatus especial» en la acogida de estas personas que desembarcarán mañana, jueves 9 de agosto de 2018, en el puerto de Crinavis, en San Roque, y van a ser tratados «como cualquier otro inmigrante que llega a nuestras costas». El Gobierno de Sánchez se refiere así a la llegada de otro barco humanitario, que por supuesto ha elegido a España y a ningún otro país europeo, para entregar a España a los supuestos islamistas sudaneses, tan solo 87 «pobrecitos» seres humanos que los autoproclamados ‘progresistas’, quienes hasta el pasado mes de julio de 2018 vociferaban aquello de «Queremos acoger», ya no quieren ayudar ni siquiera con el dinero público. Cadiz (España), miércoles 8 de agosto de 2018. fotografía: ESPAÑA, año 2018. Vista d ela llegada de los inmigrantes en un puerto español. Efe
Ante la invasión de inmigrantes en España después del efecto llamada que hizo a sabiendas el actual Gobierno de España del presidente Pedro Sánchez (PSOE), nada más llegado a la presidencia del Gobierno, el Ejecutivo central ya está reflexionando y ha decidido, de entrada, no dar ninguna ayuda social; ni permiso de residencia para 90 días que ha decretado para cualquier inmigrante que pise el territorial nacional español, ni casa, tampoco no dará la escolarización gratis da los niños de los inmigrantes a su llegada a España.
De hecho, el Gobierno de 7 partidos políticos: los «sociatas» (PSOE), bolcheviques nuevos ricos (Podemos), proetarras (EH Bildu), supremacistas (PNV) y fascistas (ERC y JxCAT) ha rechazado poner la alfombra roja a los tan solo 87 «pobres» inmigrantes rescatado en el mar mediterráneo por otro barco humanitario que se hace llamar «ONG Proactiva Open Arms». Así ha denunciado hoy la llamada «Red Española de Inmigración».
El «Barco Open Arms» lamenta que no se acoja a ocupantes del barco como a los de del famoso «Barco Aquarius»
La Red Española de Inmigración ha lamentado que al grupo de 87 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG Proactiva Open Arms y que llegan mañana a un puerto de Cádiz no se les dé «los mismos permisos de acogida» que a los integrantes del Aquarius que desembarcaron en Valencia.
Según han explicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, «no va a haber ningún estatus especial» en la acogida de estas personas que desembarcarán mañana en el puerto de Crinavis, en San Roque, y van a ser tratados «como cualquier otro inmigrante que llega a nuestras costas».
Algunas ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Algeciras, han explicado a Efe que como la mayoría de los migrantes proceden de Sudán tienen muchas probabilidades de que se admita a trámite su solicitud de asilo y protección internacional.
Durante el tiempo que se tramita su expediente, un mínimo de seis meses, no podrán ser expulsados y serán derivados a unos recursos concretos en Sevilla, Madrid o Barcelona, ha señalado Andrés de la Peña, de APDH.
La «Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denuncia la traición de un Pedro Sánchez que abandona ahora a su suerte a los ‘pobres’ inmigrantes
En un comunicado, la «Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado» expresa su preocupación «por el cambio de rumbo que ha manifestado el Gobierno y que parece plegarse a la voluntad del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska».
Además, lamenta que al no haber designado como puerto seguro Barcelona, «donde la ciudad se ha ofrecido a apoyar y acoger a las personas que puedan desembarcar, no se podrá garantizar a los rescatados en el Mediterráneo ningún espacio de acogida suficiente», así como medios y efectivos que se desplegaron en la acogida del Aquarius.
«Este cambio de postura ha coincidido con las declaraciones y manifestaciones del comisario europeo Dimitris Avramopoulos, que, aunque formalmente alabó la actitud española, señaló que esto debía acabar», indica la Red de Inmigración, que critica que Interior se haya «plegado» a la postura de la UE.
La Red pedirá a los grupos parlamentarios que, a través de una proposición no de ley, inste al Gobierno a elaborar, en colaboración con las organizaciones sociales, sociedad civil y organizaciones implicadas en la acogida «un protocolo de trabajo conjunto propio del país que amplíe el mandato europeo».
