Redacción – En mitad de la pandemia del COVID 19 que azota España, el Gobierno pretende reactivar la tramitación sin conformidad por parte de la sociedad. La primera vez que el Ejecutivo puso en filo a los centros de educación especial fue el pasado 2018, cuando la ministra de educación, Isabel Celaá, avanzó en el Senado que el objetivo de su Departamento es ir vaciando progresivamente este tipo de colegios. Madrid (España), jueves 30 de abril de 2020.
Textualmente, la ministra se expresó en los siguientes términos: «El objetivo del Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que actualmente está escolarizado en esos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios». Todo ello con un objetivo marcado a diez años vista.
Las plataformas
En unas declaraciones realizadas a El Confidencial, Luis Rojo, portavoz de Inclusiva sí, ha asegurado que «la disposición es un ‘caballo de Troya’ que supondrá dejar morir en los próximos 10 años los centros de educación especial». No matarlos a cañonazos, sino por gota malaya.
«Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna (…). El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», ha asegurado.
Medidas de VOX
VOX se opone frontalmente a esta medida y, ya que como ha apuntado la diputada Rocío de Meer: «abogamos por mejorar las aulas de inclusión y por proteger, potenciar y mantener los centros de Educación Especial».
Una de las consecuencias de esta manipulación por parte del Gobierno es el no poder presentar enmiendas. Todo esto sucede porque desde el Gobierno no han suspendido los tramites parlamentarios, solo los plazos administrativos y procesales.
Espinosa de los monteros señalaba que debería primar «la libertad de los padres para elegir este tipo de educación para sus hijos frente a los que quieren imponer su agenda ideológica», ya que no se puede pretender que a las miles de personas con discapacidad que residen en España se les aplique la misma medida, porque cada caso es único y tiene necesidades muy concretas.
No solo en lo referido a lo educativo, también a los cuidados que necesitan de salud, ya que en la mayoría de las ocasiones tienen cuadros complejos diferentes.
