Efe – La comisión de investigación sobre las presuntas ilegalidades de la Casa Real solicitada entre otros grupos por ERC, JxCat y el PNV plantea indagar en el Congreso si entre los beneficiarios de las supuestas «actividades ilícitas» del rey Juan Carlos está Felipe VI, así como el conocimiento que éste tenía sobre las actividades de su padre. Madrid (España), miércoles 10 de junio de 2020.
Así consta en la solicitud de la comisión de investigación que estos grupos -además de EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP y el BNG- registraron este martes con el objeto de analizar «las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la familia real así como de sus cómplices y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí».
En concreto, reclaman que el Congreso investigue la existencia de estructuras opacas con la participación del exjefe del Estado para la adjudicación de contratos comerciales, las posibles cuentas irregulares de miembros de la familia real en paraísos fiscales, los mecanismos utilizados para ellos y el origen de los fondos.
Otro de los puntos de análisis sería «el presunto blanqueo de capitales del exjefe del Estado» y sus posibles actividades de comisionista, «así como los conocedores y cómplices y las consecuencias y responsabilidades derivadas de las mismas».
Además, los partidos quieren descubrir las influencias que las relaciones de la monarquía española con Arabia Saudí hayan podido ejercer sobre las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado con ese país.
La nueva petición se justifica en que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón.
Hace referencia además a las declaraciones de Corinna Larsen en las que asegura que «habría recibido presiones e incluso amenazas graves por parte de los servicios secretos del Estado y la Casa Real, supuestamente para confiscar documentación comprometedora para el rey emérito».
La comisión planteada estaría formada como máximo por dos representantes de cada grupo parlamentario y trabajaría durante un plazo de seis meses.
Hasta el momento, las propuestas para investigar al rey siempre han sido rechazadas por la Mesa del Congreso bajo el argumento de que no se puede ahondar en las actividades del rey emérito porque su inviolabilidad es permanente.
Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo asume ahora «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, informó el Ministerio Público.
Además de esta petición, el grupo parlamentario de Unidas Podemos está promoviendo una propuesta de comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos alternativa a la registrada por ERC, PNV y JxCat, entre otros partidos, con un diseño jurídico distinto al de ellos «para que tenga una mayor probabilidad de ser aprobada en la Mesa del Congreso».
