Grecia inicia su mano dura migratoria, «Palo y Zanahoria»: traslados y deportaciones

FOTOGRAFÍA. CAMPAMENTO DE LA ISLA DE MAR EGEO (GRECIA), 02.09.2019. Comienza el traslado de los supuestos «refugiados» de Lesbos (Grecia) para descongestionar el campamento. Efe

Efe – El Gobierno griego emprendió este lunes el primer paso de su plan para descongestionar las islas del mar Egeo, un programa basado en la táctica del palo y la zanahoria, que prevé más traslados a la parte continental pero también más expulsiones a Turquía. Atenas (Grecia), lunes 2 de septiembre de 2019. 

La pasada madrugada comenzó el traslado de unos 1.500 migrantes y refugiados desde la isla de Lesbos a un campamento en el norte de Grecia.

Las primeras 640 personas salieron a bordo del ferri Caldera Vista con destino al puerto de Salónica, desde donde serán trasladadas al campamento de Nea Kavala, a unos 60 kilómetros al norte de la citada ciudad.

A lo largo del día partirá desde Lesbos una segunda embarcación con el mismo destino.

Todos las personas que están siendo trasladadas forman parte de grupos vulnerables -mujeres, menores, enfermos, ancianos- o son solicitantes de asilo, cuya petición ha sido aceptada a trámite.

El objetivo es aliviar la situación en el campamento de Moria, donde se hacinan cerca de 11.000 personas, en un espacio concebido para unas 3.000. En total, las islas albergan a mas de 20.000 personas, en campamentos cuya capacidad está diseñada para acoger a 6.000.

Sin embargo, tan solo el fin de semana arribaron a Lesbos otras 300 personas y en lo que va de la mañana cerca de un centenar.

El traslado a Nueva Kavala ha cosechado además las primeras críticas de la sociedad local, y el alcalde de Peonía -el municipio en el que está situado este campamento-, Kostas Sionidis, criticó la premura con la que se está llevando esta acción.

En declaraciones a la televisión pública, Sionidis explicó que el campamento en cuestión no tiene garantizado el suministro de agua, pues los conductos de agua son muy viejos y tan solo pueden abastecer a unas 200 personas.

El repunte de las llegadas que se experimenta desde hace varios meses, y especialmente en el último, ha llevado al Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis a acelerar la puesta en marcha de un controvertido plan que contempla por un lado mejorar la situación de los campamentos, pero también incrementar las expulsiones.

La oposición y organizaciones no gubernamentales han criticado la decisión del Ejecutivo de Nueva Democracia de abolir la posibilidad de que un migrante al que se le ha denegado su solicitud de asilo en una primera instancia pueda recurrir la decisión.

Hasta ahora, las solicitudes de asilo son analizadas en primera instancia por los funcionarios del servicio de asilo.

En caso de rechazo, el solicitante puede recurrir, en segunda, a un cuerpo formado por dos jueces y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Con el cambio previsto, dicen los críticos, habrá una avalancha de demandas ante los tribunales de personas que quieren evitar su deportación, ya que el Gobierno en ningún caso podrá anular el derecho de cada individuo a apelar un dictamen.

La idea de Mitsotakis es revertir una situación que ha llevado a que desde que entró en vigor el protocolo firmado entre la Unión Europea y el Gobierno de Ankara sobre migración, en marzo de 2016, tan solo unas 2.000 personas han sido devueltas a Turquía por esta vía.

La gran mayoría de los que han retornado a sus países de origen -unos 17.000- lo han hecho voluntariamente.

El sábado el Gobierno aprobó un plan de siete puntos que además contempla incrementar la vigilancia marítima (en cooperación con Frontex, los socios europeos y la OTAN) y aumentar las patrullas policiales para detectar a migrantes cuyas solicitudes hayan sido rechazadas y expulsarles.

El Gobierno acusó al Ejecutivo anterior, presidido por el izquierdista Alexis Tsipras, de “inactividad” ante todo el problema, y de, por ejemplo, no haber puesto en marcha el Sistema Nacional Integrado de Vigilancia Marítima, dotado con 50 millones de euros, que contempla interconectar los sistemas de la Guardia Costera y la Marina, y reforzar la vigilancia con cámaras, drones y otro tipo de equipos de observación.

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