Efe – Para las Greenpeace Europa y la red de ONG Liberties, responsables del texto, la UE debería actuar con firmeza «contra los gobiernos que han explotado la crisis para silenciar a los críticos y erosionar la democracia». Piden por ello a la Comisión Europea que recoja esas violaciones de los derechos fundamentales en el informe sobre el Estado de derecho que tiene previsto publicar en fechas próximas. Bruselas (Bélgica), jueves 24 de septiembre de 2020.
España, Alemania, Bélgica y otros países de la Unión Europea (UE) han restringido en exceso las libertades de los ciudadanos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, según un informe de Greenpeace Europa y la red de ONG Liberties publicado este jueves.
Aunque las organizaciones reconocen que «pueden ser necesarias algunas restricciones temporales de libertades para salvar vidas y proteger a grupos en riesgo», muchos gobiernos han adoptado «medidas problemáticas en nombre de la protección de la salud pública».
Esas medidas «dañan el activismo y la participación democrática», dice el estudio, según el cual la mitad de los gobiernos de la UE no han logrado salvaguardar el derecho de reunión en los últimos meses.
Alemania, Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovenia y España «han restringido el acceso público a la información y la participación en la toma de decisiones», denuncian las organizaciones.
En muchos países, «la elaboración de leyes y los cambios en los procedimientos parlamentarios han limitado de manera grave la posibilidad de que ciudadanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil expresaran su opinión sobre las acciones», dice el informe, que cita a Alemania, Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovenia y España como ejemplos.
Además, algunos países «fueron más allá y también tomaron medidas drásticas contra el derecho a la libertad de expresión», según el informe, que señala en ese contexto a Hungría y Rumanía.
Cita también el caso de Polonia, donde «dos activistas fueron acusados de delitos que conllevan hasta diez años de prisión por una campaña de carteles que cuestiona las estadísticas del gobierno sobre la propagación de la pandemia».
Bélgica es también señalada, porque «aunque permitió la reapertura de tiendas y centros comerciales en mayo y de bares y restaurantes en junio» solo revisó la «prohibición absoluta» de las reuniones en julio.
Linda Ravo, en representación de Liberties, subrayó que «es difícil de aceptar que algunos gobiernos estén utilizando la crisis de salud pública para limitar los derechos fundamentales y dañar la democracia».
«Los países con tradiciones democráticas más sólidas han mostrado algunos signos preocupantes, mientras que otros con tendencias más autoritarias han utilizado la pandemia de COVID-19 como excusa para obstaculizar el activismo y hacer retroceder la democracia», añadió.
Por su parte, Ariadna Rodrigo, en nombre de Greenpeace, subrayó que «los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de acceso a la información brindan a las personas las herramientas que necesitan para garantizar que los gobiernos actúen en su mejor interés, especialmente cuando se enfrentan a una crisis de salud pública».
Para las organizaciones responsables del texto, la UE debería actuar con firmeza «contra los gobiernos que han explotado la crisis para silenciar a los críticos y erosionar la democracia».
Piden por ello a la Comisión Europea que recoja esas violaciones de los derechos fundamentales en el informe sobre el Estado de derecho que tiene previsto publicar en fechas próximas.
