Guardia Civil investiga si la compra de papeletas de la Generalidad está vinculada al referéndum

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Un grupo de profesionales héroes de la patria entre los 400 efectivos de la Guardia Civil movilizado el pasado 12Oct. 2016 en la capital del país para participar en la celebración de la Fiesta Nacional de la Nación. Lasvocesdelpueblo.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Guardia Civil investiga la homologación de las empresas que deberán suministrar papeletas y sobres de unas futuras elecciones autonómicas en el Parlamento de Cataluña, para averiguar si el concurso convocado por el Gobierno catalán forma parte de los preparativos del referéndum separatista anunciado para el próximo 1 de octubre (1-O). Cataluña (España), sábado 29 de julio de 2017. Fotografía: Un grupo de profesionales héroes de la patria entre los 400 efectivos de la Guardia Civil movilizado el pasado 12Oct. 2016 en la capital del país para participar en la celebración de la Fiesta Nacional de la Nación. Lasvocesdelpueblo.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil ha abierto esta nueva línea de investigación en el marco de las diligencias que lleva a cabo, por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, sobre los preparativos del referéndum anunciado por el Gobierno catalán.

La nueva línea de investigación, que la Guardia Civil ha impulsado coordinadamente con la Fiscalía Superior de Cataluña, deriva de la publicación el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del resultado del concurso que la Generalidad de Cataluña impulsó en marzo pasado para homologar a cuatro empresas que en un futuro podrían suministrarle ese material electoral.

Aunque el gobierno catalán asegura que el acuerdo marco se ciñe a la compra de material para unas elecciones al Parlamento catalán, la Guardia Civil quiere averiguar si las empresas homologadas podrían recibir el encargo del Govern de confeccionar las papeletas de un referéndum separatista.

Tras abrir el concurso el pasado mes de marzo, la Generalidad ha homologado finalmente a las empresas para la adjudicación de cuatro lotes para la compra de sobres electorales, papeletas, manuales de instrucciones para los miembros de las meses electorales e impresos electorales, por un valor estimado de contrato de 897.520 euros.

En concreto, los contratistas homologados para la adjudicación de sobres electorales son Tompla Industria Internacional del Sobre SL y Domènech Mirabet SA.

En el lote para la adquisición de papeletas y del manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, las empresas homologadas por el Gobierno catalán son, en ambos casos, Impresiones Transkrit SA y Formsystem Documentos Inteligentes SLU, según el anuncio de contratación del sector público anunciado por el Departamento de Gobernación.

El lote relativo a impresos electorales cuenta con una única empresa homologada, Formsystem Documentos Inteligentes SLU.

Las pesquisas sobre la compra de papeletas se han iniciado esta semana, coincidiendo con los interrogatorios que la Guardia Civil, como policía judicial, ha llevado a cabo a altos cargos del Gobierno catalán para averiguar si la Generalidad ha costeado la web del mal infernal llamado Pacto Nacional por el Referéndum (PNR), lo que los investigadores creen podrían suponer un delito de malversación de caudales públicos.

Dos de esos altos cargos, el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Comunicación de la Generalidad, Jaume Clotet, fueron citados inicialmente como testigos, aunque en el transcurso del interrogatorio la Guardia Civil les comunicó que pasaban a tener la condición de investigados, al apreciar indicios que podrían incriminarles.

Una vez reciba el atestado policial con las diligencias practicadas por la Guardia Civil, el juez deberá decidir si mantiene la condición de investigados a esos dos altos cargos del Gobierno catalán y, en su caso, si les cita a declarar.

El magistrado investiga los preparativos del 1-O en la causa que abrió el pasado mes de febrero a raíz de dos denuncias presentadas por las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal en sus conferencias, en las que aseguró que la Generalidad disponía de una partida «camuflada» de 400 millones de euros para organizar un referéndum y preparar las estructuras de Estado de una futura Cataluña separada del resto de España.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación a raíz de una querella de la Fiscalía contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su ex número 2 Francesc Esteve -actualmente director del Gabinete Jurídico de la Generalitat- por el concurso para homologar a empresas para la compra de urnas, que quedó desierto.