Redacción.- Barcelona (España), martes 16 de mayo de 2023. La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha dirigido una carta al presidente del Gobierno de coalición de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, en la que solicitan que el Consejo de Ministros revise las listas electorales de la formación radical vasca, brazo político de la banda terrorista ETA) en las instituciones, EH Bildu, en las que se han incorporado 44 terroristas condenados por delitos de terrorismo relacionados con la banda terrorista ETA, de los cuáles siete lo fueron como autores de delitos de sangre.
De igual forma, han dirigido un escrito a la Fiscalía General con esta misma petición a la que añaden la de que los sueldos y salarios públicos que puedan ganar esos candidatos si obtienen un escaño sea destinado a la reparación de los daños a las víctimas de sus delitos.
JUCIL recuerda en su carta al presidente que tanto él como la Fiscalía se hallan legitimados para iniciar el proceso de ilegalización de una agrupación política cuando introduzca «como directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no haya rechazado públicamente los fines y los medios terroristas», dice el artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
«La inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo supone una grave situación, desde luego contraria a la memoria de las víctimas del terrorismo y por supuesto; un auténtico insulto y una humillación para nuestros compañeros heridos y fallecidos en atentados cometidos por componentes de ETA, así como también supone una afrenta muy dolorosa para los descendientes, familiares y amigos de estas víctimas», declara el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
Amparo a la Fiscalía General del Estado
La petición a la Fiscalía incluye la demanda de que su caso, inicie «las acciones legales oportunas por un posible delito de quebrantamiento de condena por parte de los candidatos que lo son estando sujetos todavía a pena privativa de derechos que lo impida», indica el escrito.
JUCIL demanda además que «se verifique el resultado del mencionado proceso electoral, y tras ello, de ser procedente, realice las acciones oportunas para, en su caso, proceder a destinar con los límites legales existentes los salarios de los candidatos electos a completar las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil y multas que pudieran estar pendiente de pago íntegro», exige la solicitud entregada a la Fiscalía.
Garantía del cumplimiento real y total de las penas
JUCIL ha dirigido al tiempo un segundo escrito, en este caso a la Junta Electoral Central, en el que reclama de esta entidad que garantiza la limpieza de las elecciones en España que revise las candidaturas de EH Bildu con el fin de comprobar si los candidatos incluidos en ellas han cumplido o no la totalidad de sus condenas.
«La inclusión en las listas electorales de personas condenadas por terrorismo o pertenencia a organización terrorista, que se presentan en los mismos territorios, e incluso localidades donde cometieron sus delitos, y pueden seguir residiendo sus víctimas, es un hecho que debe ser objeto de especial tutela y control por parte de los órganos electorales competentes” argumenta la asociación profesional en su escrito.
«Para poder presentarse a las elecciones, estas personas han de haber extinguido por completo las penas que, de manera directa o accesoria, impidan presentarse a la elección como cargo público o desempeñarlo, así como las de residir o aproximarse a lugares o víctimas como consecuencia de su ejercicio, que limitaría», añade la solicitud de revisión dirigida por JUCIL a la Junta Electoral Central.
«Es frecuente que existan personas que, como consecuencia de los beneficios y el régimen penitenciario existente, no ingresen en prisión u obtengan la libertad condicional o un régimen abierto, pero sin haber extinguido todavía su responsabilidad penal, al no haber cumplido íntegramente las penas a que estuvieron condenados, y en particular las privativas de derechos», agrega JUCIL
«Si alguno de los candidatos incurre en causas de inelegibilidad por no haber extinguido completamente la responsabilidad penal, y en particular las penas privativas de derechos, solicitamos de la Junta Electoral que se anulen y se dejen sin efecto esas candidaturas, sin perjuicio de adoptar las medidas de otra índole que procedan y de poner en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades competentes dicha conducta, a los efectos que puedan proceder», explica Ernesto Vilariño.
SOBRE JUCIL
La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL se creó en el 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita y los del propio Instituto ante las instituciones y las administraciones públicas.
Nacida de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con las policías autonómicas, JUCIL cuenta en la actualidad con más de 15.000 afiliados y en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil de los días 26 y 27 de octubre de 2021 se ha convertido en la asociación más votada de las que se presentaban y la única con representación en dos de las cuatro escalas existentes.
JUCIL cuenta con 6 delegados de un total de 16 integrantes de este ente consultivo y está presente en todo el territorio nacional.
