Bilbao, miércoles 16 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso presentado por los servicios jurídicos de Vox y tumba el Decreto 19/2024 que buscaba forzar perfiles lingüísticos abusivos a miles de trabajadores. La formación liderada por Santiago Abascal Conde anota una victoria crucial en su incansable ofensiva jurídica contra los abusos institucionales y las políticas separatistas que vulneran los derechos fundamentales de los españoles. El fallo judicial destapa la insolvencia del Gobierno vasco al evidenciar que la norma carecía de una estimación real de costes presupuestarios, ignorando por completo las demoledoras advertencias de la Oficina de Control Económico. La resolución judicial frena en seco un plan que amenazaba con afectar de forma directa a más de 15.000 empleados y desmantela la creación encubierta de registros paralelos ineficientes entre el Instituto Vasco de Administración Pública y la Viceconsejería de Política Lingüística.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado una sentencia de enorme trascendencia política y laboral que desmantela el entramado de imposición lingüística diseñado por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca. La resolución, con número de Sentencia 000316/2026, que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso, estima de forma íntegra el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el partido político Vox contra el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, regulador de la normalización del uso del euskera en el sector público vasco.
La batalla legal, abanderada por Vox a través de su procuradora Elsa Pacheco Gurpegui y dirigida con maestría por la letrada Marta Asunción Castro Fuertes, ha conseguido tumbar una normativa separatista que operaba de facto como una barra excluyente para los vascos castellanohablantes. El tribunal, presidido por el ponente José Antonio González Saiz y compuesto por las magistradas Trinidad Cuesta Campuzano y Paula Platas García, ha decretado la nulidad radical de la disposición general impugnada, obligando además a la publicación oficial del fallo en el Boletín Oficial del País Vasco.
Los Antecedentes de un Atropello Frenado por Vox
El origen de este procedimiento se remonta al 15 de abril de 2026, fecha en la que los servicios jurídicos del partido patriota formalizaron el recurso contencioso-administrativo ordinario número 0000250/2024 ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao.
La demanda de Vox denunciaba la nulidad absoluta del decreto basándose en la vulneración frontal de los artículos 3, 9.3 y 14 de la Constitución Española, alertando sobre el «absoluto orillamiento del castellano» y la discriminación flagrante en el funcionamiento interno de las administraciones, el acceso a la función pública, la contratación y la concesión de subvenciones.
Durante la tramitación, el tribunal llegó a plantear en diciembre de 2025 una Cuestión de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con el apartado 5 del artículo 187 de la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco. Tras ser resuelta y devuelta dicha cuestión en julio de 2026, la Sala fijó el 15 de septiembre de 2026 para la votación y fallo, culminando en la sentencia que hoy humilla las pretensiones de imposición del Ejecutivo regional.
El Análisis Jurídico de la Sala y las Alegaciones Formales
El tribunal de Bilbao comienza detallando los criterios lógicos para desgranar los motivos de impugnación, fundamentándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para recordar que las resoluciones jurisdiccionales gozan de autonomía discursiva respecto a los escritos forenses de las partes.
En los primeros folios de fundamentación jurídica, la Sala analiza la vigencia temporal de las normas procedimentales de elaboración de disposiciones de carácter general. El Gobierno vasco pretendía escudarse en la Ley autonómica 6/2022, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco determina de forma tajante que la ley aplicable al procedimiento de elaboración del decreto era la anterior Ley 8/2003, dado que la orden de inicio del expediente administrativo estaba fechada el 14 de julio de 2022, un día antes de la entrada en vigor del nuevo marco. Asimismo, la Sala declara aplicable con carácter básico el artículo 129 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Respecto a la intervención de la Comisión de Gobiernos Locales de Las Vascongadas —regulada por la Ley autonómica 2/2016 de Instituciones Locales—, el tribunal constata que este órgano emitió un informe preceptivo el 20 de febrero de 2024 que resultó favorable al proyecto.
Aunque Vox argumentó vicios de plazo en este punto, la Sala aplica analógicamente los artículos 48.3 y 51 de la Ley 39/2015 y el artículo 3 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público para conservar las actuaciones por razones de economía y eficiencia procesal, puesto que la nulidad puramente formal por este motivo solo habría llevado a repetir el trámite con idéntico resultado.
Sin embargo, la clave del éxito judicial de Vox residía en una deficiencia material insubsanable: la vertiente económica.
El Núcleo de la Sentencia: El Fiasco Económico del Separatismo
La Sala Tercera saca a la luz la insuficiencia del estudio económico como el vicio procedimental definitivo que anula toda la norma. Invocando de manera estricta los apartados 6 y 7 del artículo 129 de la Ley 39/2015, el tribunal recuerda que cualquier iniciativa normativa con impacto presupuestario presente o futuro tiene la obligación inexcusable de cuantificar, valorar y supeditar sus efectos a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este mandato se entronca con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, aplicable de lleno a las Comunidades Autónomas.
La sentencia desvela las graves deficiencias del expediente administrativo elaborado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística vasco. La propia memoria de cambios y aclaraciones de la administración autonómica reconocía explícitamente «la heterodoxia en la composición y presentación del expediente», la ausencia de una memoria inicial justificativa del proyecto y que la motivación de las medidas de gran calado se fue incorporando de manera fragmentada respondiendo a las sucesivas alegaciones presentadas. El caos administrativo era tal que la «Memoria Sucinta» del Gobierno vasco obviaba por completo el informe crítico de su propio órgano fiscalizador técnico: la Oficina de Control Económico.
Las Mentiras del Gobierno Vasco al Descubierto
La orden de inicio del decreto afirmaba que la norma «no generaría impacto económico adicional alguno», bajo el pretexto de que las entidades afectadas ya tenían la facultad previa de adoptar medidas lingüísticas. Esta tesis del Ejecutivo regional es calificada por la Sala como contradictoria con los hechos analizados.
El propio informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno vasco desmentía la propaganda oficial al consignar que la normalización lingüística pretendida exigía de forma imperativa nuevos y cuantiosos recursos económicos.
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo —en concreto, la sentencia de 11 de julio de 2024, recurso 6897/2022— para desgranar los requisitos exigibles a una memoria económica legítima. Si bien la jurisprudencia no exige una exactitud milimétrica de costes imposibles de calcular a futuro, sí penaliza con la nulidad absoluta los supuestos donde la memoria se limita a usar fórmulas vacías o abstractas y la parte recurrente (en este caso Vox) demuestra que existe una repercusión ineludible en el gasto que ha sido ocultada por la administración.
El Informe Demoledor de la Oficina de Control Económico
La sentencia transcribe pasajes fundamentales del informe de la Oficina de Control Económico vasca. Este organismo técnico, que goza de total independencia funcional conforme al Decreto Legislativo 2/2017 de Control Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, emitió un severo dictamen desfavorable que el Gobierno separatista pretendió ignorar.
El dictamen técnico advertía de forma taxativa sobre «la ausencia de una efectiva estimación de costes». La administración vasca pretendía convalidar el impacto remitiéndose de manera simplista a la tramitación de la Ley de Empleo Público Vasco. La Oficina de Control desarmó esta maniobra aclarando que en aquel expediente legislativo jamás se abordó la estimación de costes sectoriales derivados de perfiles lingüísticos obligatorios ex novo.
Además, el ámbito de aplicación pretendido por el decreto se extendía de forma invasiva a las Diputaciones Forales, entidades locales, fundaciones del sector público, sociedades públicas y consorcios.
Un Impacto Ocultado que Amenazaba a Decenas de Miembros del Personal
La memoria del Gobierno autonómico se limitaba a afirmar que el ámbito potencial de afección era de 15.057 trabajadores, ampliables a 40.522 si se contabilizaba al personal temporal de las empresas públicas.
Sin embargo, el informe técnico destapó que el Ejecutivo no ofrecía desglose alguno de las necesidades de financiación por ámbitos institucionales ni contemplaba el gasto derivado de los planes de formación en euskera, concebidos sistemáticamente en el texto del decreto como un derecho obligatorio de los empleados sufragado por la administración.
La Oficina de Control Económico cifró que, excluyendo a Osakidetza, el entramado de entidades afectadas sumaba inicialmente 13 entes públicos de derecho privado, 39 sociedades públicas, 6 fundaciones y 2 consorcios que englobaban a 4.688 empleados.
De ellos, 4.621 eran trabajadores bajo régimen laboral que se convertían en «nuevos destinatarios» forzados a perfiles de euskera. La magnitud de este volumen de personal implicaba un «importante impacto económico» ocultado para las Haciendas Públicas, a pesar de que el plan separatista pretendía dilatar temporalmente su exigibilidad obligatoria total hasta diciembre del año 2032.
Derroche y Arbitrariedad en Infraestructura, Ofimática y Contratación
La sentencia detalla una lista de gastos masivos indexados en el decreto que carecían de cualquier tipo de partida presupuestaria o metodología de financiación razonable:
1.- Sistemas Informáticos y Ofimáticos (Artículo 12.4): Ajustes y sustituciones forzosas de hardware y software para el euskera, partiendo de la base de que la inmensa mayoría del material ofimático técnico se genera originalmente en inglés.
2.- Imagen Institucional y Rotulación (Artículo 10): Costes asociados a la obligación de cambiar de forma sistemática toda la rotulación institucional en las entidades afectadas.
Traducción e Interpretación (Artículo 12.3): Creación de servicios adicionales obligatorios que suponían un gravamen extrapresupuestario.
3.- Contratación y Subvenciones Públicas (Artículos 13 a 15): Exigencia absoluta de redactar convenios «al menos en euskera» con personas físicas y jurídicas, imponiendo mandatos genéricos que condicionaban de forma absurda los baremos de adjudicación.
El tribunal también censura que el presupuesto de 2023 no contemplara las partidas para la aplicación informática denominada «HALZEKU» (destinada al inventario y asignación forzosa de perfiles lingüísticos por puesto de trabajo), pretendiendo el Gobierno vasco cargar estos costes sin crédito en el ejercicio de 2024.
Duplicidades Burocráticas Fulminadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Otro de los motivos que fundamentaron el fallo favorable a Vox fue el desmontaje de la estructura burocrática duplicada que pretendía implantar el secesionismo.
El decreto ordenaba la creación del órgano colegiado «HAKOBA» (Comisión de Coordinación de las Administraciones Públicas), compuesto casi en su integridad por altos cargos forales, locales y autonómicos. El Ejecutivo vasco omitió fijar los créditos presupuestarios para su puesta en marcha y funcionamiento, violando la normativa legal y solapando sus funciones con el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.
De igual manera, la Disposición Adicional Primera y la Disposición Adicional Segunda del proyecto legislativo pretendían articular de forma simultánea un «Registro de Acreditaciones de Perfiles Lingüísticos» dependiente del Instituto Vasco de Administración Pública y un «Registro de Perfiles Lingüísticos» dependiente de la Viceconsejería de Política Lingüística.
El tribunal califica formalmente esta medida como ineficiente y generadora de «oscuridad» al no derogarse expresamente el Decreto 222/2016. La Sala falla de manera rotundamente desfavorable ante esta flagrante duplicidad de esfuerzos materiales y humanos que no aportaba ventaja alguna a los administrados y vulneraba los principios constitucionales de eficacia y eficiencia administrativa.
El colofón judicial de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo es definitivo: la Memoria Económica del Gobierno vasco adolece de una «insuficiencia sustancial» absoluta. El informe de la Oficina de Control Económico prevalece técnicamente sobre la postura política del Ejecutivo autonómico por su rigor e independencia, destruyendo la presunción de acierto de una norma arbitraria.
Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara el recurso de Vox plenamente estimado y anula íntegramente el Decreto 19/2024, eximiendo del pago de costas a las partes debido a la innegable complejidad jurídica que entrañaba el pleito. Contra la presente sentencia se concede a la administración un plazo ordinario de treinta días para preparar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Las batallas judiciales de Vox contra las injusticias
La victoria cosechada por la formación patriota en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica la eficacia de la estrategia de oposición total implementada por Santiago Abascal en los tribunales de toda España.
Tal y como ha venido informando el diario digital Lasvocesdelpueblo, la ofensiva jurídica de Vox se ha consolidado como el único dique de contención real y efectivo frente a los delirios institucionales del separatismo catalán y vasco, rescatando las libertades civiles allí donde los sucesivos gobiernos de la nación decidieron claudicar en aras de pactos parlamentarios.
Los servicios jurídicos de Vox con este caso contienen un historial impecable encadenando éxitos judiciales históricos en defensa de la legalidad constitucional y los derechos lingüísticos de los trabajadores españoles.
De acuerdo con las crónicas y balances judiciales publicados por Lasvocesdelpueblo, este nuevo triunfo en los tribunales vascos se suma a la ya larga lista de decretos, ordenanzas y normativas excluyentes que el partido político verde de Santiago Abascal Conde ha logrado tumbar a lo largo de la geografía nacional, confirmando su papel indispensable como defensores del bien común y de la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin importar su Comunidad Autónoma de residencia o su lengua materna.