Hoy, 13M juicio caso Pretoria: Los gobiernos de Jordi Pujol, CDC y PSC en el banquillo

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El juicio del caso Pretoria por corrupción urbanística en Cataluña arranca hoy, lunes 13 de marzo de 2017, en la Audiencia Nacional y sentará en el banquillo a once acusados, entre ellos el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero Macià Alavedra. Archivo Efe.

Agencias – Se calcula que su red, que operó entre 2001 y 2009, pudo defraudar unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras mediante tres pelotazos urbanísticos en esas localidades: la “operación Pallarena”, la “operación Badalona” y la “operación Niesma”. Madrid (España), lunes 13 de marzo de 2017. Fotografía: El juicio del caso Pretoria por corrupción urbanística en Cataluña arranca hoy, lunes 13 de marzo de 2017, en la Audiencia Nacional y sentará en el banquillo a once acusados, entre ellos el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero Macià Alavedra. Archivo Efe.

La Fiscalía pide la pena máxima para el líder de esta trama corrupta, el exdiputado catalán del PSC Luis Andrés García “Luigi”, y otros 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra.

El juicio del caso Pretoria por corrupción urbanística en Cataluña arranca hoy en la Audiencia Nacional y sentará en el banquillo a once acusados, entre ellos dos hombres de confianza del expresidente catalán Jordi Pujol: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero Macià Alavedra.

Tras ocho años desde que el juez Baltasar Garzón comenzara a investigar esta causa en 2009, los once acusados se enfrentan a entre 11 meses y 8 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

La Fiscalía pide la pena máxima para el líder de esta trama corrupta, el exdiputado catalán del PSC Luis Andrés García “Luigi”, y otros 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra.

Se calcula que su red, que operó entre 2001 y 2009, pudo defraudar unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras mediante tres pelotazos urbanísticos en esas localidades: la “operación Pallarena”, la “operación Badalona” y la “operación Niesma”.

Junto con los expolíticos, también se sentarán en el banquillo empresarios y otros cargos públicos: Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan, así como la mujer de Prenafeta, María Lluisa Mas Crussels.

Para “Luigi”, además de los 8 años de prisión, la Fiscalía solicita el pago de 22,6 millones de euros de multa; a Prenafeta, que fue secretario de Presidencia de la Generalitat en los años 80, otros 13,7 millones y a Alavedra, consejero de Economía de la Generalitat de 1990 a 1997, 10,3 millones.

“Luigi” está considerado por la Fiscalía como el presunto “conseguidor” de la trama, quien “lideró junto con la indispensable colaboración de Manuel Valera” -que figura como administrador de muchas de sus sociedades- un entramado dirigido a “manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas”.

Actividad por la que percibió a cambio “cuantiosas comisiones” que ascienden “cuando menos” a 5,9 millones de euros que ocultó al fisco a través de sociedades opacas.

Colaboraron con él de manera “esencial” -según el relato de la fiscal Ana Cuenca- Prenafeta y Alavedra, quienes mantenían una “estrecha relación personal” con el expresidente Pujol.

Ambos se sirvieron de “la influencia que ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña” y se concertaron con “Luigi” para planificar y ejecutar “el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones”.

Ejercieron juntos una “situación de dominio” en el ámbito de dos adjudicaciones públicas: la “operación Badalona” de compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de la localidad y la “operación Niesma” en torno a dos fincas en San Andrés.

Con sus labores de intermediación y su influencia en cargos públicos de esos municipios consiguieron que los terrenos se adjudicaran a una determinada empresa, lo que les reportó comisiones de alrededor de 638.000 euros a cada uno, que ocultaron a Hacienda a través de un entramado de sociedades opacas y de cuentas en Andorra y Suiza.

La fiscal destaca que el montante total que defraudaron ascendió en el caso de Prenafeta a 14,9 millones de euros y en el caso de Alavedra a 6 millones, aunque esta cantidad provenía de otros negocios y operaciones -algunas de ellas también ilegales- y el delito fiscal estaría prescrito.

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