Iglesias y Sánchez: El Pin Parental de VOX afecta al «derecho fundamental de los niños»

FOTOGRAFÍA. PALACIO DE LA MONCLOA (GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA), FEBRERO DE 2020. La ministra de Educación del gobierno de coalición social-comunista de Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Pedro Sánchez (PSOE), Isabel Celaá, durante una rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno social-comunista de Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Pedro Sánchez (PSOE) considera que el Pin Parental de VOX (permiso parental), —herramienta verde, con emparo del Artículo 27.3 de la Constitución española, varios tratados internacionales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ofrece VOX a los padres de familias españolas para que el Gobierno central de coalición y resto de las administraciones regionales no adoctrinen a sus hijos en los centros escolares sin su permiso previo—, un Pin Parental aprobado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, «afecta al derecho fundamental de los menores a la educación y que debe prevalecer el interés público frente al meramente particular de los padres», dice el Gobierno de Iglesias y Sánchez en su recurso ante la Justicia murciana. A juicio del Gobierno social-comunista, «debe prevalecer el interés público superior, de dimensión constitucional, frente al interés particular protegido por las instrucciones cuya nulidad se solicita». Madrid (España), jueves 20 de febrero de 2020.

Así se recoge en el recurso contencioso que la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha presentado esta semana ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), al que ha tenido acceso Efe.

En su escrito, el Ministerio de educación de Iglesias y Sánchez pide se dejen «sin efecto las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Murcia» el pasado agosto, por las que se establece el derecho de los padres a negarse a que sus hijos participen en determinadas actividades complementarias.

Al mismo tiempo pide a la Sala que acuerde «con carácter de urgencia», como medida cautelar, la suspensión de esas instrucciones ya que, en caso contrario, el recurso carecería de sentido al «estar limitada la vigencia de aquellas al curso escolar actual».

Dice la Abogacía del Estado, —institución que dependen directamente del Gobierno de coalición de Iglesias y Sánchez, desde el Ministerio de Justicia— que «se aprecia, de manera evidente, que la facultad otorgada a los padres de prestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en esas actividades lamina el carácter obligatorio de dichas actividades complementarias por otorgarles un derecho a vetarlas o autorizarlas».

Eso supone, para los recurrentes, «una contradicción frontal tanto con la normativa básica estatal como con la propia normativa autonómica de desarrolla».

Iglesias y Sánchez creen que la suspensión de los aspectos impugnados de las instrucciones «únicamente determinaría la imposibilidad por parte de los padres y madres de vetar la participación de sus hijos en las referidas actividades, y que supondría «solamente un perjuicio de carácter meramente particular».

A juicio del Gobierno social-comunista, «debe prevalecer el interés público superior, de dimensión constitucional, frente al interés particular protegido por las instrucciones cuya nulidad se solicita».

Además, sostiene que las instrucciones impugnadas están afectadas de «nulidad radical» por abarcar una materia que considera propia de normas de carácter reglamentario y, en consecuencia, a la hora de dictarse deberían haberse seguido los trámites previstos para este tipo de asuntos.

También destaca la demanda que el permiso parental excede del ámbito organizativo interno de los centros escolares porque establece, respecto de las actividades complementarias, que las que vayan a impartir personas ajenas a los claustros requerirán del visto bueno de los padres.

Murcia resiste y espera que se haga justicia

La Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia, a través de un decreto dictado este miércoles, admitió a trámite el recurso y dio 20 días de plazo a la Consejería de Educación y Cultura para la remisión del expediente administrativo.

Al mismo tiempo, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar de las instrucciones, acordó abrir una pieza separada para acordar en la misma lo que proceda.

En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno murciano, el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, ha descartado este jueves retomar el encuentro con la ministra de Educación, Isabel Celaá, previsto para mañana en tanto no se resuelva el trámite judicial impulsado por su departamento para retirar el permiso parental.

«Vamos a ver cómo evoluciona el trámite judicial iniciado. Tiene poco sentido reunirnos en fechas cercanas», ha señalado Javier Celdrán antes de insistir en que el Ejecutivo murciano acatará cualquier decisión judicial que se adopte a este respecto, «como ha hecho en todo momento».

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