Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno ha transferido este jueves a Euskadi, a pocas horas de que comience la campaña electoral de los comicios vascos del 12 de julio, tres de las 32 competencias pendientes de traspasar recogidas en el Estatuto de Gernika aprobado en referéndum hace más de 40 años. Madrid (España), jueves 25 de junio de 2020.
Así, la región vasca asume la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar y la gestión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.
El calendario de transferencias fue acordado el pasado mes de febrero por los gobiernos de Pedro Sánchez y de Iñigo Urkullu pero los plazos que se concretaron entonces se han retrasado debido a la pandemia de la COVID-19.
Este jueves se ha formalizado el traspaso del primer bloque de materias durante una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada por videoconferencia en la que la delegación del Gobierno ha estado presidida por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la del Ejecutivo vasco por su portavoz y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.
Ambos gobiernos han valorado el coste del ejercicio de estas competencias en el conjunto del Estado en 7,5 millones de euros.
Según el acuerdo, a partir de ahora, la región vasca descontará el 6,24 % de dicha cantidad del Cupo anual que paga al Estado por las competencias no transferidas.
Así, el Gobierno regional vasco que salga de las urnas podrá gestionar estas tres materias y tendrá que negociar además los siguientes bloques de competencias, incluida la más polémica, la gestión económica de la Seguridad Social, que es la materia que causa más reticencias en los sucesivos gobiernos de España pero que también está recogida en el Estatuto de Gernika.
La gestión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria van dirigidas a trabajadores afectados por procesos colectivos de extinción de las relaciones laborales fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
Su objetivo es facilitar una cobertura económica a trabajadores cercanos a la edad de jubilación para atender situaciones de urgencia. A partir de ahora la región vasca gestionará estas ayudas y coordinará los datos con el Gobierno de España. Esta materia se ha valorado en 4,4 millones, de los cuales el País Vasco descontará del Cupo el 6,24 %.
Respecto al seguro escolar, la región vasca gestionará las prestaciones médicas y farmacéuticas. La financiación será mixta entre ambos gobiernos. El País Vasco descontará del Cupo otro 6,24 % de los 3 millones de euros en los que se ha valorado la competencia.
Además, el Estado realizará una transferencia anual al Gobierno Vasco del 96 % de la recaudación total en la región vasca del seguro escolar que cada estudiante abona junto a la matrícula del curso académico.
En cuanto a la transferencia sobre la legislación de productos farmacéuticos, el acuerdo establece que la región vasca controlará los mensajes publicitarios de productos sanitarios, colaborará en tareas de vigilancia de medicamentos de uso humano y realizará programas de control de calidad e inspecciones de buenas prácticas de laboratorios, entre otras funciones.
El segundo bloque de transferencias que forma parte del calendario aprobado está previsto para septiembre, según las estimaciones del actual Ejecutivo vasco.
Incluye las siguientes materias: gestión de los centros penitenciarios, competencias en seguros, servicios privados de seguridad, meteorología, seguros agrarios, transporte por carretera fondo de protección a la cinematografía, mercados de productos de la pesca y cultivos marinos, paradores de turismo, asignación del ISBN y el ISSN, y ordenación y gestión del litoral.
Las conversaciones del tercer bloque se postergarían a abril del próximo año. Son las siguientes materias: crédito oficial, crédito y banca, mercado de valores, centros de investigación y asistencia técnica, hidrocarburos, salvamento marítimo, sector público estatal, administración institucional e innovación tecnológica, y funciones de transporte ferroviario en determinadas líneas de Cercanías y Feve.
Se completan con las competencias de aeropuertos, puertos de interés general, inmigración, títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias, permisos de circulación y matriculación de vehículos, régimen electoral municipal, inspección pesquera y centros de estudios, y experimentación de obras públicas.
Para la cuarta y última fase, probablemente en septiembre de 2021, se dejaría el estudio de la gestión económica de la Seguridad Social. Ambos gobiernos acordaron empezar a analizar esta compleja materia cuando estén avanzados los acuerdos de renovación del Pacto de Toledo.
