Redacción.- Madrid (España), lunes 6 de febrero de 2023. Congreso de los Diputados, XIV Legislatura.. Grupo Parlamentario VOX. Moción consecuencia de Interpelación Urgente. El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el articulo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para impedir que partidos que atentan contra la soberanía nacional puedan condicionar la vida política de España (Núm. de Expte.. 172/000259).
Palacio del Congreso de los Diputados, a 22 de diciembre de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO: CONSTITUCIÓN Y UNIDAD DE ESPAÑA
La Constitución Española de 1978 (la «Constitución» o la «CE») establece que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (artículo 1.1) y que «la [propia] Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 CE).
La Nación es el cuerpo político que la soberanía exige y presupone, ya que sin Nación y sin unidad nacional no habría Estado que constituir ni valores que defender. En los últimos tiempos se han generalizado las estrategias y actuaciones con pretensión y entidad de subvertir el orden constitucional a través de la destrucción de la soberanía nacional.
El golpe separatista del 1 de octubre de 2017 supuso un intento de llevar completamente a efecto estas pretensiones. Posteriormente, tales propósitos han sido consentidos y tolerados por autoridades de ámbito nacional que, de forma continua y sostenida, han transferido innumerables capacidades del Estado a las administraciones regionales en orden a conseguir la «convivencia» o la «gobernabilidad».
Precisamente, en un contexto de minoría parlamentaria, el actual Gobierno se conformó con base en un acuerdo con socios con los que el Sr. Sánchez Pérez-Castejón había previamente prometido no pactar. A partir de ese momento, todas las políticas que ha pretendido llevar a cabo el Gobiemo se han visto supeditadas a las concesiones y exigencias de sus socios, separatistas y filoterroristas, cuyas actuaciones están permanente orientadas por su voluntad declarada de destruir España y de atentar contra la unidad de la Nación.
De este modo, la actual agenda política del Gobierno de España está totalmente orientada hacia los objetivos de quienes, de forma clara, quieren someterla a las concesiones y acuerdos a los que el Ejecutivo llegue con ellos. Es más, quieren la aniquilación de España como unidad política y lo anuncian por doquier.
Los hechos hablan por sí solos y, en evidente consecuencia, cabe concluir que desde que tomase posesión de su cargo el actual Gobierno, la unidad, la soberanía nacional y eI Estado de Derecho en España son objeto de una amenaza que representa una auténtica emergencia nacional.
SEGUNDO.- CESIONES AL SEPARATISMO Y A QUIENES PRETENDEN ROMPER ESPAÑA.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, constituye una ardua tarea relacionar los múltiples y variados pactos para aniquilar la Nación que ha impulsado el Gobierno de España, con la compañía de quienes desde su fundación como partidos políticos pretenden romper la unidad de España. No obstante, son llamativas, por carecer de precedentes y por revelar una absoluta falta de higiene democrática, las que siguen:
1. La concesión de indultos a los condenados por el Tribunal Supremo por el golpe separatista catalán.
2. Los pactos con los herederos de la organización terrorista ETA para desproteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y arrebatarles sus competencias en determinadas regiones. Al amparo de dichos pactos, y a título de ejemplo, se encuentra la eliminación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra o la supresión del control por parte de la Benemérita del Centro Nacional de Inteligencia en materia de lucha contra el terrorismo.
3. Un creciente favorecimiento de las policías regionales en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación. Cabe citar, entre otros muchos ejemplos, que el servicio marítimo regional catalán ha sustituido a la Guardia Civil en el ejercicio de las competencias sobre el control de aguas en Cataluña.
4. El traspaso de la competencia en materia de sanidad penitenciaria al País Vasco, una exigencia de esta región que venía de la mano de EH BILDU.
5. Un incesante acercamiento de presos de la organización terrorista ETA a cárceles vascas para contentar a quienes mantienen en el poder al actual Ejecutivo.
6. El cese de la presidente del Centro Nacional de Inteligencia como castigo por haber investigado eficazmente a los golpistas y terroristas vinculados al separatismo.
7. La renuncia a la defensa del español frente al desuso y desprestigio al que está sometido en Cataluña en favor de la lengua regional, desoyendo de este modo los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo y, en definitiva, desprotegiendo a todas las familias que quieren escolarizar a sus hijos en castellano.
8. El desmembramiento de la estructura ferroviaria de nuestro país, auspiciando la entrega a las regiones de las herramientas para su gestión.
9. Los por ahora frustrados intentos de invadir el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, por ahora, propuestas de candidatos como magistrados del Tribunal Constitucional de conspicuos personajes de filiación socialista, entre ellos el artífice de la concesión de los indultos a los golpistas del 1 de octubre, otrora ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno. Todo, con el fin no escondido de controlar al supremo intérprete de la Constitución y, con él, hasta los últimos resortes del Estado.
Esto es solo un ligero esbozo de las numerosas cesiones que desde el Gobierno actual se están realizando a grupos políticos que son enemigos de la Nación y que, como es notorio y conoce el pueblo español, son insaciables.
El presidente del Gobierno necesita, para poder mantenerse en el poder, legislar para garantizar la impunidad de los condenados por atentar contra España, arrastrando con ello la unidad de la Nación. En los últimos tiempos, este designio se ha revelado con absoluta inverecundia.
TERCERO.- USO FRAUDULENTO E INTERESADO DEL PODER LEGISLATIVO POR PARTE DEL EJECUTIVO .
Con fecha 11 de noviembre tuvo entrada en el Registro General del Congreso de los Diputados (número 242.610) la Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, presentada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Coma Podem-Galicia en Común y siendo solicitada su tramitación con carácter urgente.
Bajo el pretexto de la adecuación de la normativa española a las normas europeas, la citada iniciativa legislativa pretendía la supresión del delito de sedición y su sustitución por una modalidad agravada del delito de desórdenes públicos.
Esta Proposición de Ley Orgánica, ya aprobada por las Cortes Generales, implica un claro fraude de ley en nuestro sistema constitucional, ya que, al amparo de formas legales y parlamentarias y usando el principio de retroactividad de las normas sancionadoras favorables como disposición de cobertura, la finalidad de la misma no es otra que llevar a cabo una amnistía encubierta de los condenados por el golpe separatista de 2017 en Cataluña, remitiendo las penas accesorias que les quedan por cumplir; y pretende asimismo sentar las bases para el retorno a España de los que, prófugos de la Justicia española, se encuentran en Bélgica o Suiza desde que huyeron para no afrontar las consecuencias penales de sus actos delictivos contra la unidad nacional y la convivencia de los españoles.
Del mismo modo, el Gobierno utiliza a los grupos parlamentarios que lo sustentan para tramitar como proposición de ley orgánica una iniciativa que debería haberse tramitado como proyecto de ley orgánica, tanto en el fondo como en la forma. Se trata de una propuesta de norma con enorme trascendencia política y constitucional, que forma parte nuclear del programa político del Gobierno de coalición y que, a buen seguro, ha sido elaborada por los Ministerios competentes.
Y todo ello, para evitar los pronunciamientos de los órganos consultivos del Gobierno, de las instituciones moderadores que han de garantizar, con el ejercicio de sus funciones, la mayor excelencia del sistema democrático.
Por si no fuera suficiente, aprovechando la tramitación parlamentaria, los urdidores de semejante aberración jurídica introdujeron unas enmiendas al articulado (n°61 y 62, especialmente) que pretendían modificar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, hurtando a los diputados la posibilidad de ejercer las funciones que constituyen el núcleo de su función representativa, e introduciendo por la puerta de atrás disposiciones a todas luces ilegales e inconstitucionales.
Tales enmiendas han tenido que ser objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se ha decidido, en una resolución absolutamente extraordinaria que retrata la gravedad del desafío, la paralización de la tramitación parlamentaria de tales modificaciones.
Con ello, el citado Tribunal ha puesto en completa evidencia lo alejadas que están las actuaciones de los grupos parlamentarios que integran al Gobierno de las normas y principios del texto constitucional.
CUARTO.- CONCLUSIÓN. EL GOBIERNO DEBE PONER FIN A LA CESIÓN DE LOS INTERESES SEPARATISTAS
Hay partidos políticos en España que tienen como misión central de su existencia la destrucción de la Nación y la aniquilación de la soberanía nacional, que reside en todos los españoles, y no solo en una parte de ellos; en toda España, y no únicamente en una región.
A tal fin, estos enemigos de España actúan pública y deliberadamente, de manera cuasi enfermiza, por desgajar del territorio nacional una parte del mismo prescindiendo de la voluntad de todos los españoles.
Estos partidos políticos son, hoy en día, el sustento parlamentario del Gobierno de España y en quienes este se apoya para sacar adelante la inmensa mayoría de iniciativas legislativas. El resultado no puede ser más catastrófico.
De todo ello solo cabe esperar, como vemos, los más nocivos y devastadores efectos para el bien común y el futuro de España. Con todo, es preciso poner fin a la situación descrita en estas líneas y terminar con que la estabilidad del Gobierno de España continúe sustentándose en quienes fundamentan su propuesta política en la destrucción de la Nación.
En definitiva, nos encontramos ante un momento en el que el Gobierno, alejado de su papel de custodio del interés de todos los españoles, actúa como una mera marioneta de los partidos separatistas que atentan contra la unidad de España y que pretenden su mutilación y aniquilación; los cuales obtienen además, a diario, crecientes cuotas de poder en forma de transferencias a las regiones en las que tienen mayor influencia, en claro perjuicio de la igualdad de todos los españoles.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente moción:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Utilizar el instrumento del artículo 92 de la Constitución Española para consultar a los españoles si quieren la ilegalización de partidos separatistas y de aquellos que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía, así como preguntar aquellas cuestiones con especial transcendencia para adecuar la política del Gobierno a los verdaderos intereses de la Nación.
2. Defender con la máxima firmeza, en todas sus actuaciones, la unidad y continuidad de la Nación, frente a todos aquellos que fundan su doctrina política en la destrucción de España.
3. Impulsar las medidas necesarias para recuperar la tipificación en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal de los delitos relativos a la convocatoria y celebración de referéndums ilegales y, en particular, reintroducir, con penas proporcionadas a las gravísimas conductas referidas, los tipos previstos en los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis derogados por la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, así como los contenidos en el Capítulo I del Título XXII del Libro II del Código Penal.
4. Promover la recuperación urgente de las competencias transferidas a las regiones españolas y, en particular, las de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, como único medio para lograr la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre fas regiones de España.
5. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias y, en particular, la de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, para la ilegalización de los partidos separatistas y de aquellos que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía».
PDF DEL TEXTO MOCIÓN DE VOX PARA LA ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS SEPARATISTAS Y FILOETARRAS
