Efe – La jueza admitió que Iglesias fuera a declarar y rechazó el argumento de Podemos de que su secretario general «no tiene conocimiento alguno sobre los hechos que dan lugar al presente procedimiento ni ha tenido posibilidad de conocerlos». El origen del procedimiento se remonta a la expulsión de los seis demandantes, junto a otras cinco más, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal ante las «acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos» hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que facilitaron información reservada y comunicaciones internas. Madrid (España), martes 17 de julio de 2018. Fotografía: ESPAÑA, 17.07.2018. La cuestión es que el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid desestimó el pasado 5 de julio un escrito de Podemos en el que solicitaba que Iglesias no fuera citado como representante legal del partido, medida que previamente había acordado la jueza «in voce» en la audiencia previa del pasado 19 de junio a petición del abogado de los demandantes. Aquel día, la jueza admitió que Iglesias fuera a declarar y rechazó el argumento de Podemos de que su secretario general «no tiene conocimiento alguno sobre los hechos que dan lugar al presente procedimiento ni ha tenido posibilidad de conocerlos». Pero una vez agotados todos los recursos para evitar la comparecencia de Iglesias, fuentes de Podemos aseguraron a Efe que el partido enviará al juicio al gerente, Pablo Fernández, como representante legal, de modo que no asistirá su secretario general. A El imputado secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Archivo Efe
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está citado hoy como parte demandada en un procedimiento civil abierto contra el partido, por presuntamente expulsar de manera irregular a seis miembros de Podemos Extremadura, si bien fuentes de su partido han confirmado que no asistirá.
La cuestión es que el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid desestimó el pasado 5 de julio un escrito de Podemos en el que solicitaba que Iglesias no fuera citado como representante legal del partido, medida que previamente había acordado la jueza «in voce» en la audiencia previa del pasado 19 de junio a petición del abogado de los demandantes.
Aquel día, la jueza admitió que Iglesias fuera a declarar y rechazó el argumento de Podemos de que su secretario general «no tiene conocimiento alguno sobre los hechos que dan lugar al presente procedimiento ni ha tenido posibilidad de conocerlos».
Pero una vez agotados todos los recursos para evitar la comparecencia de Iglesias, fuentes de Podemos aseguraron a Efe que el partido enviará al juicio al gerente, Pablo Fernández, como representante legal, de modo que no asistirá su secretario general.
Según Podemos, esta decisión contraviene la ley y vulnera sus derechos, de modo que, «como siempre se ha hecho», hoy asistirá Fernández «por haber formado parte de la Comisión de Garantías cuando se produjeron los hechos y por ser apoderado del partido en estos momentos».
Una petición que los demandantes rechazan por ser autor material de las resoluciones en cuestión y marido de la diputada Gloria Elizo, citada como testigo en el juicio junto a otros cinco miembros de Podemos.
El abogado de los expulsados se opuso a que fuera esta persona el representante legal en el juicio e insistió en llamar a Iglesias porque «no solo tiene conocimiento sino responsabilidad» pues la Comisión de Garantías -organismo que acreditó la expulsión- «tiene objetivos políticos».
De hecho, según explica a Efe Guillermo Pérez, letrado de los demandantes, «si Pablo Iglesias no hace acto de presencia en la vista se tendría por confeso», es decir, que todas las preguntas se tendrán por respondidas afirmativamente al no ser contradichas, por lo que «la juez tendrá que declarar la culpabilidad del partido».
El origen del procedimiento se remonta a la expulsión de los seis demandantes, junto a otras cinco más, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal ante las «acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos» hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que facilitaron información reservada y comunicaciones internas.
Tras solicitar sin éxito al partido la notificación en papel de la resolución del 24 de enero de 2017 referida al expediente disciplinario, los seis expulsados demandaron a Podemos al afirmar que esa decisión no se les notificó y que fue adoptada en contra del Estatuto del partido y del Reglamento de la Comisión de garantías, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
Así, el procedimiento trata de resolver sobre si se ha procedido a expulsar a estas seis personas de Podemos conforme la normativa (ley, estatutos y reglamentos del partido) en plazos y trámites, es decir, si se ha hecho de forma correcta.
Podemos entregó al juzgado el expediente disciplinario y luego un escrito en el que respondía a las acusaciones de los demandantes de que no estaba completo, alegando que «contiene todos los documentos que han sido objeto de tramitación por parte de la Comisión de Garantías Democráticas estatal, y por ello debe considerarse completo y ajustado a las normas internas disciplinarias».
