Efe – La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, investiga al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Galicia (PSdeG), José Ramón Gómez Besteiro, y a otras seis personas en la operación Pulpo, para esclarecer si en la Diputación de Lugo, que el dirigente socialista presidió, se gestionaron fondos de manera irregular. Lugo, 11 marzo 2016. Fotografía: El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, atendiendo a los medios el pasado lunes 7 de marzo. Efe.
En un auto con fecha 10 de marzo al que Efe ha tenido acceso, esta jueza precisa que los delitos sobre los que indaga son cohecho, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, información privilegiada, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y descubrimiento de secretos.
Pilar de Lara ha citado a Bestiro el 11 de mayo, a las 10.30 horas, dentro de unas actuaciones que se iniciaron el 11 de junio del año 2013 y se centran, en concreto, en presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa «KM0» que denunciaron unas trabajadoras.
También en supuestas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos Monbus, así como en la concesión supuestamente fraudulenta de subvenciones. Otro de los puntos claves radica en el pago por parte de la Diputación de cantidades de cuantioso importe, tanto para ayudas médicas como viajes (a destinos como «Argentina, Eurodisney» o «Amsterdam») y comidas, que se habían estado incluyendo en los denominados «gastos sociales».
En el auto sostiene De Lara que «en la comisión de tales delitos habrían participado un elevado número de autoridades y funcionarios, pertenecientes a la Diputación de Lugo, quienes coordinadamente y de forma continuada en el tiempo podrían, presuntamente, haber perpetrado un cúmulo de irregularidades con posible encaje penal».
Según la instructora, podrían haber participado en la contratación ilícita y manipulación de concursos para beneficiar a determinados empresarios, en el otorgamiento fraudulento de subvenciones sin justificar y en la desviación de fondos y caudales públicos a fines distintos de los reglados. Y todo ello, sin que «los encargados de velar por la legalidad y de fiscalizar, jurídica y contablemente la actuación pública, hayan cumplido con la misión», llegando «a participar directamente de tales ilicitudes».
La jueza también hace referencia a que la investigación resultó «harto complicada», no sólo por la «complejidad de los delitos», sino también «por la opacidad y falta de colaboración de los responsables de la Diputación», hasta el punto de que fue necesaria «la adopción de medidas restrictivas» de derechos, como la entrada y registro en la sede provincial.
En cuanto a las irregularidades cometidas, concreta De Lara que el programa de visitas guiadas KM0 se puso en marcha en septiembre de 2008 por iniciativa de la Presidencia de la Diputación, sin «acuerdo plenario y sin regirse por norma alguna». También aprecia De Lara «otorgamiento fraudulento de subvenciones a entidades deportivas que han estado relacionadas» con el empresario Raúl López, máximo directivo de Monbus.
Por otra parte, la instructora aprecia que bajo la «cobertura de los denominados gastos sociales», la Diputación de Lugo, «desde hace años, habría estado destinando buena parte de su presupuesto a sufragar cuantiosos gastos de dudosa legalidad», que aparecían reflejados en la contabilidad como «gastos médicos y prestaciones sociales», tanto para los trabajadores de la institución como para sus familiares.
De hecho, subraya que «bajo el concepto de gastos sociales», la Diputación de Lugo habría realizado «pagos importantes en concepto de viajes», de forma que «parece que algunos de sus empleados podrían haber disfrutado de vacaciones subvencionadas» a destinos como «Argentina, Eurodisney» o «Amsterdam».
Según sus sospechas, «en este entramado» estarían implicados el ex presidente de la Diputación José Ramón Gómez Besteiro; el jefe del servicio de Protocolo; el secretario adjunto de la Diputación; una interventora; el asesor de fondos europeos de la Presidencia, la que fue jefa de Comunicación, y también el administrador jefe de Monbus, que son los otros investigados.
Besteiro, miembro de la Ejecutiva del PSOE, ha dicho que siente «indefensión», y que «lamentablemente por ahora» no puede dar «ningún tipo de explicación ni aportar información sobre este tema, ya que está bajo secreto de sumario» y no tiene «acceso a los motivos».
La jueza, que también se encarga de la instrucción de la operación Pokemon centrada en supuestas anomalías en adjudicaciones a empresas por parte de administraciones locales, también investiga al dirigente socialista gallego en otra causa, la «Garañón», en ese caso por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio.
La urbanización de la parcela de O Garañón, donde Besteiro tiene un piso, ha generado la mayor polémica urbanística que ha vivido Lugo en los últimos años, porque fue levantada justo al lado del Parque de Rosalía de Castro, el principal pulmón verde de la ciudad, y esto fue motivo de varios procesos judiciales, manifestaciones e innumerables encontronazos políticos entre los distintos partidos.
