Madrid (España), martes 1 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid registra una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de la soberanía española ante la invasión de Ceuta.
Asamblea de Madrid. Grupo Parlamentario VOX en Madrid.
A la Mesa de la Asamblea de Madrid
Doña Isabel Pérez Moñino-Aranda, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Madrid en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 205 y concordantes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar para su debate ante el Pleno de la Cámara la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY. Madrid, 01 de septiembre de 2026.
La portavoz
Isabel Pérez Moñino-Aranda
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España. También forman parte del territorio sujeto a la plena soberanía española las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.
La soberanía española sobre estos territorios no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna. España ha defendido históricamente ante la comunidad internacional que Ceuta, Melilla y sus plazas y lugares de soberanía se integran en la unidad nacional española y que la soberanía ejercida sobre ellos es plena y efectiva.
Los días 21 y 25 de agosto de 2026, miembros del Gobierno del Reino de Marruecos han vuelto a cuestionar públicamente y de forma directa la soberanía y la integridad territorial de España. Una reivindicación incompatible con una relación de amistad y buena vecindad.
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha reivindicado supuestos «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y ha planteado públicamente la apertura de un diálogo con España acerca de su soberanía.
A estas manifestaciones se han sumado las efectuadas por el ministro marroquí de Habices y Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, en el curso de una ceremonia oficial presidida por el Rey Mohamed VI, en la que se ha vuelto a introducir la consideración de territorios españoles como territorios «ocupados».
Estas manifestaciones no pueden considerarse opiniones aisladas ni declaraciones carentes de relevancia institucional. Proceden de miembros del Gobierno del Reino de Marruecos, afectan directamente a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de España y, en el último caso, fueron efectuadas en presencia del propio jefe del Estado marroquí.
Estas manifestaciones adquieren todavía mayor gravedad porque Marruecos mantiene desde hace décadas reivindicaciones territoriales que no se limitan a las Ciudades de Ceuta y Melilla, sino que se han extendido igualmente a las plazas y lugares de soberanía española situados en el norte de África.
España no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique simultáneamente partes integrantes del territorio sujeto a soberanía española.
Marruecos asumió expresamente la obligación de respetar la integridad territorial de España. El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 4 de julio de 1991 y en vigor desde el 28 de enero de 1993, estableció un marco privilegiado de relaciones entre ambos Estados.
Ese marco no fue convenido incondicionalmente, sino que se fundamentó sobre obligaciones y principios expresamente aceptados por España y Marruecos. Entre sus principios generales, ambas partes se comprometieron a respetar mutuamente su igualdad soberana y todos los derechos inherentes a ella, incluyendo expresamente la integridad territorial, la libertad y la independencia política.
Asimismo, España y Marruecos asumieron la obligación de abstenerse de cualquier intervención directa o indirecta en los asuntos propios de la jurisdicción de la otra parte y de cualquier acto de coerción política, económica, militar o de otra naturaleza dirigido contra el ejercicio de sus derechos soberanos. Igualmente, España y Marruecos asumieron el compromiso de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de la otra parte.
El respeto de la soberanía y de la integridad territorial no constituye, por tanto, una consideración accesoria en las relaciones hispano-marroquíes sino un elemento esencial que se halla en los cimientos de cualquier tipo de relación que se desee mantener y sin duda ninguna, uno de los fundamentos jurídicos sobre los que descansa el propio Tratado de Amistad.
En las descritas circunstancias, no resulta política ni jurídicamente coherente mantener indefinidamente un régimen bilateral de amistad y buena vecindad con un Estado cuyos propios ministros reivindican territorios sujetos a la soberanía de España. La amistad entre naciones exige respeto y reciprocidad; y por supuesto ninguna relación privilegiada puede construirse sobre la pretensión de alterar las fronteras de España.
No puede existir buena vecindad cuando uno de los vecinos reivindica como propio el territorio del otro y no puede considerarse plenamente respetado el principio de integridad territorial mientras miembros del Gobierno marroquí sostienen públicamente que una parte del territorio español debe incorporarse al Reino de Marruecos.
España debe responder como un Estado soberano. La política exterior española hacia Marruecos no puede seguir basada en la aceptación de una contradicción permanente: proclamar unas relaciones extraordinarias y privilegiadas en todos los órdenes mientras Rabat mantiene abierta una reivindicación sobre territorio español.
España tiene derecho a exigir exactamente el mismo respeto a su integridad territorial que reconoce a cualquier otro Estado.
La cooperación económica, comercial, financiera, militar o diplomática con Marruecos puede y debe responder a la natural existencia de intereses comunes derivados de la vecindad, pero ninguno de esos intereses puede situarse por encima de la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial de España.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX en Madrid presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a que, en el ámbito de sus competencias, disponga lo siguiente:
- Reafirmar solemnemente la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.
- Rechazar cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África y declara que su soberanía no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos ni subterfugios ni fraudes como modelos de soberanía compartida.
- Condenar formalmente las recientes declaraciones de miembros del Gobierno del Reino de Marruecos cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y calificando territorios de plena soberanía española como territorios ocupados.
- Considerar que la reiteración de reivindicaciones territoriales por miembros del Gobierno marroquí resulta incompatible con los principios sobre los que se fundamenta el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 4 de julio de 1991, singularmente con el compromiso de respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de ambas partes.
- Reafirmar que ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional.
Asimismo, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a:
- Exigir formalmente al Reino de Marruecos, mediante la correspondiente comunicación diplomática, una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África.
- Convocar al Embajador del Reino de Marruecos en España, al objeto de trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, así como la voluntad de nuestro país de defender nuestra integridad territorial con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado. Del mismo modo, llamar a consultas al Embajador de España ante el Reino de Marruecos; y en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional, así como las declaraciones de las autoridades marroquíes que atacan la integridad territorial de nuestro país, retirar al Embajador de España en Rabat y expulsar al Embajador del Reino de Marruecos en Madrid.
- Promover inmediatamente la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, de conformidad con el artículo 96.2 de la Constitución Española y con el artículo 37 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y a solicitar, en su caso, de las Cortes Generales la ratificación de la suspensión comunicándola formalmente al Reino de Marruecos por conducto diplomático; suspensión que surtirá efecto indefinidamente y en tanto no se realice por el Reino de Marruecos una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España, incluidas todas las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África, y a cooperar de forma activa, efectiva y expeditiva en la readmisión de cualesquiera nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión de España sean acordados por autoridades españolas, administrativas o judiciales.
- Revisar el conjunto de instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial, procediendo a su denuncia o suspensión de efectos, en cada caso.
- Exigir a Marruecos que acepte, sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad, adoptados administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción.
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