Madrid, lunes 14 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El Instituto de Política Social (IPSE) impulsa una querella contra el Gobierno ante la grave crisis migratoria en Ceuta. La organización cívica, representada por el activista Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada, busca recaudar 10.000 euros exigidos como fianza judicial para ejercer la acusación popular contra Pedro Sánchez Pérez-Castejón y varios ministros.
VÍDEO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
El Instituto de Política Social (IPSE), una asociación cívica internacional sin ánimo de lucro de inspiración humanista y cristiana, ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos (crowdfunding) con el objetivo de sufragar las acciones legales emprendidas contra el Ejecutivo central.
Según ha explicado el portavoz y miembro de la Junta Directiva de la entidad, Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada, los fondos van destinados a cubrir la fianza necesaria para formalizar una querella criminal en los tribunales.
«Banda organizada de delincuentes»
Según el vídeo al que Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso este lunes, Marichalar ha calificado de «objetivo prioritario» la detención y procesamiento judicial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante su intervención en las imágenes que obran en poder de este medio, el portavoz del IPSE ha empleado términos de fuerte dureza retórica, refiriéndose al actual Ejecutivo español como un «gobierno de la hampa» y acusando a sus integrantes de operar como una «banda organizada de delincuentes».
Extensión de la querella y ministros señalados
La acción judicial impulsada por la asociación civil se dirige de manera explícita contra el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —a quien Marichalar acusó de «cobardía»—, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El portavoz ha señalado que la querella se extenderá a cualquier otro cargo público que la investigación determine como responsable de presuntas irregularidades, manifestando su deseo de que los implicados afronten penas de prisión.
Estado de la recaudación económica
Para que la organización pueda personarse de forma efectiva bajo la figura jurídica de la acusación popular, los tribunales exigen el depósito previo de una fianza económica. Los gráficos informativos integrados en el balance de la campaña detallan el estado financiero de la recaudación: Objetivo financiero total: 10.000,00 €; Fondos conseguidos: 3.408,32 € (lo que representa el 34,08 % de la meta establecida); cantidad pendiente: 6.591,68 € necesarios para completar el trámite procesal.
Principios institucionales de la entidad
El Instituto de Política Social, cuya información institucional puede consultarse en su portal oficial, define su misión fundacional en España en torno a la promoción de los valores humanos y la defensa de pilares que consideran esenciales, tales como la familia y la libertad.
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Desde una perspectiva fundamentada en el humanismo cristiano, la dirección de la entidad apela a la colaboración ciudadana para viabilizar este procedimiento y lograr lo que denominan la «recuperación» de las instituciones frente a las actuales directrices políticas del Ejecutivo.
Contexto: La situación en Ceuta
La ofensiva judicial y la mención explícita a la ciudad autónoma por parte de los sectores civiles coinciden con un escenario de alta complejidad en la región. Según las informaciones recogidas por Lasvocesdelpueblo, la situación en Ceuta está marcada por las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes marroquíes ocurrida a finales de julio, un escenario ante el cual el Ministerio de Política Territorial ha informado del retorno de más de 5.300 inmigrantes hacia Marruecos este lunes, después de que Interior adelantara en el tercer día de esta entrada masiva la cifra de 70.000 personas que optaron al retorno voluntario a Castillejos (Marruecos).
Paralelamente, cerca de un centenar de personas ha optado por renunciar formalmente a sus solicitudes de asilo en España.
Las autoridades españolas coordinaron recientemente el traslado de 864 inmigrantes que se encontraban pernoctando en las vías públicas de la ciudad autónoma hacia emplazamientos temporales cerrados. El objetivo institucional expresado por el Ejecutivo central se centra en reestablecer la «normalidad» en la Ciudad Autónoma de Ceuta a la «mayor brevedad posible».
A nivel local y de seguridad ciudadana, según recoge Lasvocesdelpueblo, la Policía Nacional mantiene operativos activos en los distintos barrios de la periferia ceutí, donde recientemente se efectuó la detención de tres inmigrantes de origen marroquí acusados de allanamiento de morada tras ocupar ilegalmente tres viviendas particulares. Estas intervenciones policiales se desencadenaron tras los avisos y denuncias interpuestas por los propios vecinos de las zonas afectadas.
Asimismo, la judicatura local ha abierto líneas de investigación penal para esclarecer la presunta distribución de artefactos entre los inmigrantes, así como diversos episodios de agresiones físicas denunciadas contra civiles, militares y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la escena política, el panorama está condicionado por un cruce de reproches entre las distintas formaciones debido a la gestión de la crisis migratoria. El Partido Popular ha adoptado una postura de firmeza frente a las autoridades marroquíes, manifestando públicamente que la integridad territorial de la nación no es objeto de negociación.
Por su parte, Vox ha intensificado la presión sobre el gobierno local exigiendo un control exhaustivo del censo electoral y criticando la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que desde Sumar, socio del Gobierno, se ha solicitado ante el defensor del Pueblo la adopción de medidas punitivas contra aquellas administraciones o colectivos que muestren rechazo hacia los planes de acogida de inmigrantes marroquíes, diseñados por el Gobierno central; un brindis al sol dado que Sumar debería acudir a los Tribunales.