Lasvocesdelpueblo y Agencias – El PSOE se ha juntado al independentismo para cuestionar la «Justicia» y la democracia española, en palabra de su ex secretario general en Cataluña y expresidente del gobierno Tripartito catalán (PSOE, ERC e ICV), José Montilla. Este sujeto socialista, ha firmado hoy el comunicado conjunto de los expresidentes del Parlamento autonómico de Cataluña y expresidente del Gobiernos autonómicos de la Generalidad en el que el PSOE e independentistas exigen la «libertad de todos los presos (independentistas)» antes del inicio del Juicio del Procés que empezará la próxima semana, del 20 de enero de 2019 en el Tribunal Supremo. Barcelona (España), viernes 17 de enero de 2019. Fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 02.10.2011. El primer secretario del PSC y ex presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla (PSOE Cataluña -PSC-), ha dicho hoy que no hay peligro de ruptura en el PSC y que en los partidos siempre hay gente que se va y gente que entra. En una entrevista que publica hoy el diario AVUI, Montilla ha señalado que en los partidos siempre hay gente que se distancia y otros que se acercan o gente que pasa a un segundo plano, como él mismo hará. Montilla espera que en el próximo congreso del PSC, que se celebrará del 16 al 18 de diciembre y en el que se elegirá a la nueva dirección, se encuentren fórmulas que hagan posible la «unidad, la cohesión y el respeto a la pluralidad y a la identidad del PSC». Efe
Los presidentes de gobierno autonómicos en Cataluña y del Parlamento regional, aún vivos, han suscrito hoy, jueves 17 de enero de 2019, un comunicado conjunto dirigido al Tribunal Supremo en el que piden «garantías para el derecho de defensa de los inculpados durante el juicio del procés» y que puedan acudir al mismo en situación de libertad.
Las máximas autoridades independentistas del Parlamento catalán y gobierno catalán piden al Tribunal Supremo en su comunicado, promovido por el independentista líder del llamado ‘Defensor del pueblo’ (secesionista) «Síndic de Greuges», «cambios en las condiciones de la prisión preventiva de los inculpados para que puedan llegar en plenas facultades» al juicio.
Piden «medidas alternativas a la privación de libertad en centro penitenciario» de los presos independentistas
Los que han sido presidentes del Parlamento y gobierno catalán han pedido a los abogados defensores de los golpistas acusados por el ‘Procés’ que incluyan en sus escritos de defensa esta «apelación a las autoridades competentes que garantice el derecho de defensa» y que se consideren «medidas alternativas a la privación de libertad en centro penitenciario» de los presos independentistas.
El comunicado, que firman Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y el huido delincuente Carles Puigdemont —Pasqual Maragall no ha podido ser contactado hoy por el Defensor del Pueblo (de la república Catalana)—, argumenta que la prisión preventiva «tiene unas causas tasadas en el ordenamiento jurídico español que no siempre se interpretan en sus justos límites, lo que la convierte, de hecho, en una pena anticipada».
«Es un problema generalizado del sistema penal que vulnera el derecho a la libertad individual y el derecho a la presunción de inocencia; contribuye, además, a la saturación de los centros penitenciarios, y, finalmente, puede entorpecer el derecho de defensa», argumenta la nota, que también firman los ex presidentes del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert -la también ex presidenta Carme Forcadell es una de las encausadas que está encarcelada-.
En cuanto al derecho de defensa, el texto enviado al Tribunal Supremo destaca que «es un derecho fundamental en un Estado de derecho democrático, y cualquier persona acusada de un ilícito penal debe poder disponer de medios adecuados para ejercerlo de manera efectiva, incluyendo las condiciones materiales adecuadas, muy en especial durante la celebración del juicio oral».
En este sentido, recuerdan que así lo ha manifestado en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ante el aviso del traslado a finales de este mes de los presos que están en Cataluña a cárceles de Madrid, el comunicado constata que cualquiera de los centros está a más de una hora de distancia de la sede de la Audiencia Nacional y de sus calabozos, adonde tendrán que ser trasladados en vehículos policiales antes acudir cada día a la sala de vistas del Tribunal Supremo.
«Si se mantiene la situación de privación de libertad provisional de estas personas se producirán largos traslados al lugar de las vistas desde y hacia el centro penitenciario y su permanencia en dependencias judiciales ajenas al Tribunal Supremo», advierten.
Según las autoridades, todos estos traslados dificultarán el contacto continuo con sus letrados «y limitará sin razón legal su participación activa en su propia defensa, por lo que se restringe innecesariamente este derecho».
«Este traslado diario se efectuará previsiblemente durante varios meses, lo que significa una penosidad innecesaria añadida a los fines de la prisión provisional», añade el comunicado, que Rafael Ribó también ha enviado a los defensores del pueblo de España y a los responsables de derechos humanos del Consejo de Europa «por si consideran oportuno apoyar la iniciativa».
