JUCIL cree que la Administración arriesga la vida de guardias civiles y policías sólo por el juego político de que Bildu apoye los Presupuestos Generales

La asociación profesional de los guardias civiles que defiende los intereses laborales y sociales de los guardias civiles afirma que el acuerdo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana incluye cambios que debilitan la capacidad de los servidores de la ley frente a situaciones críticas. JUCIL afirma que, de aprobarse en los términos en los que se ha anunciado, esta nueva normativa debería denominarse ‘Ley de Odio a la Policía y a la Guardia Civil’

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (REINO DE ESPAÑA), 13 DE JULIO DE 2024. JUCIL cree que la Administración arriesga la vida de guardias civiles y policías sólo por el juego político de que Bildu apoye los Presupuestos Generales. Calor sofocante en el Reino de España. El recuerdo y homenaje —convocado y organizado por parte de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que preside José Vargas Rincón; la asociación de la juventud patriota de Cataluña S'Ha Acabat!, que preside la joven catalana Andrea Llopart, y Fundación Miguel Ángel Blanco— ha contado con los apoyos y adhesiones de los partidos políticos: Grupo VOX Ayuntamiento de Barcelona, representado por su portavoz municipal, Liberto Senderos Oliva; Grupo VOX Parlamento de Cataluña, representado por su portavoz parlamentario y presidente del Comité Ejecutivo Provincial de la Resistencia, Joan Garriga Doménech, Grupo VOX Congreso de los Diputados, representado por el diputado por Barcelona a la Cámara Baja del Reino de España, Juan José Aizcorbe Torra; Grupo partido Popular Ayuntamiento de Barcelona, representado por su presidente municipal, Daniel Sirera Bellés; los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía-, asociaciones policiales, entre otras organizaciones. Como ya viene siendo una mala costumbre, ni olor de autoridades municipales del Ayuntamiento de Barcelona, Govern de la Generalitat de Catalunya a los, lamentablemente, parece haberse sumado los representantes policiales de la Policía autonómica de la Generalidad de Cataluña, los Mozos de Escuadra. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)
FOTOGRAFÍA. BARCELONA (REINO DE ESPAÑA), 13 DE JULIO DE 2024. El recuerdo y homenaje —convocado y organizado por parte de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que preside José Vargas Rincón; la asociación de la juventud patriota de Cataluña S'Ha Acabat!, que preside la joven catalana Andrea Llopart, y Fundación Miguel Ángel Blanco— ha contado con los apoyos y adhesiones de los partidos políticos: Grupo VOX Ayuntamiento de Barcelona, representado por su portavoz municipal, Liberto Senderos Oliva; Grupo VOX Parlamento de Cataluña, representado por su portavoz parlamentario y presidente del Comité Ejecutivo Provincial de la Resistencia, Joan Garriga Doménech, Grupo VOX Congreso de los Diputados, representado por el diputado por Barcelona a la Cámara Baja del Reino de España, Juan José Aizcorbe Torra; Grupo partido Popular Ayuntamiento de Barcelona, representado por su presidente municipal, Daniel Sirera Bellés; los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía-, asociaciones policiales, entre otras organizaciones. Como ya viene siendo una mala costumbre, ni olor de autoridades municipales del Ayuntamiento de Barcelona, Govern de la Generalitat de Catalunya a los, lamentablemente, parece haberse sumado los representantes policiales de la Policía autonómica de la Generalidad de Cataluña, los Mozos de Escuadra. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Madrid (Reino de España), jueves 3 de octubre de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) expresa su preocupación y rotundo rechazo a la reciente cesión del Gobierno a EH Bildu, que permitirá la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en ocasiones denominada con el término peyorativo de «ley mordaza».

Este acuerdo, alcanzado en plena negociación de los Presupuestos de 2025, incluye cambios que, según JUCIL, ponen en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas.

Agustín Leal, secretario de comunicación de JUCIL, ha sido tajante al respecto: «La nueva ley que se apruebe debería llamarse ‘Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil'».

Desde JUCIL afirman que «lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos».

Insisten en que «esta reforma no responde a una demanda social, sino a un interés político por parte del PSOE de obtener el respaldo de Bildu para sacar adelante los Presupuestos».

Una reforma que expone a los agentes y debilita su autoridad

El acuerdo entre el Gobierno y Bildu incluye la modificación de cuatro puntos clave que, en la pasada legislatura, no pudieron ser reformados por falta de consenso.

Entre ellos, la desobediencia y resistencia a la autoridad pasará de ser falta grave a leve, y las faltas de respeto a los agentes deberán ser «objetivables», eliminando lo que Bildu denomina «discrecionalidad» de los agentes.

Además, se prohibirá el uso de pelotas de goma, que serán sustituidas por medios que, según el acuerdo, serán «menos lesivos».

Agustín Leal ha advertido que «convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves y eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público es desarmar a los guardias civiles y policías».

Añadió: «Este tipo de medidas ponen en riesgo la integridad de los agentes y también debilitan la seguridad pública, dejando expuestos a los ciudadanos en momentos críticos».

Una cesión política que beneficia a quienes apoyaron el terrorismo

JUCIL subraya que esta reforma ha sido impulsada por EH Bildu, un partido que, en el pasado, defendió las posiciones de los terroristas de ETA.

Para Leal, «es inadmisible que el Gobierno ceda ante quienes en su día apoyaron la violencia y el terror». «Este acuerdo no tiene en cuenta la realidad de los agentes en las calles ni las dificultades que enfrentan diariamente».

El pacto de reforma incluye la eliminación de las devoluciones en caliente en la frontera, una medida que, según Bildu, responde a la necesidad de respetar los derechos humanos.

No obstante, JUCIL insiste en que esta modificación, al igual que las otras propuestas, responde únicamente a los intereses políticos de Bildu y no a las necesidades de los cuerpos de seguridad.

JUCIL se opone a una ley que expone a los agentes al odio y a la violencia

Agustín Leal ha señalado que «esta reforma debilita la autoridad de los agentes y los convierte en objetivos aún más vulnerables de odio y violencia. Estamos ante una ley que, de aprobarse, será una ‘Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil’, diseñada para complacer a un partido que históricamente ha apoyado la violencia contra las fuerzas de seguridad».

JUCIL se opondrá, por todos los medios a su alcance que otorga que ordenamiento jurídico, a cualquier intento de aprobar una legislación que ponga en peligro la vida y la integridad de los guardias civiles y policías.

Además, hará todo lo que esté a su alcance para que se escuche la voz de los agentes y se protejan sus derechos en cualquier foro legislativo o judicial necesario.

SOBRE JUCIL

La Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL se creó en el 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita y los del propio Instituto ante las instituciones y las administraciones públicas.

Nacida de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con las policías autonómicas, JUCIL cuenta en la actualidad con más de 15.000 afiliados y en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil de los días 26 y 27 de octubre de 2021 se ha convertido en la asociación más votada de las que se presentaban y la única con representación en dos de las cuatro escalas existentes.

JUCIL cuenta con 6 delegados de un total de 16 integrantes de este ente consultivo y está presente en todo el territorio nacional.