Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), viernes 25 de noviembre de 2022. Los magistrados de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado por amplía mayoría aplicar la norma más favorable al condenado en relación con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, de manera que se desmarca del decreto del Fiscal General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz (PSOE).
Como consecuencia de la revisión de sentencias condenatorias firmes con condenado en prisión, se ha rebajado la pena en 20 casos, y en siete procedimientos se ha decretado la puesta en libertad, con la salvedad de que en un caso el preso continúa cumpliendo condena al tener sentencia condenatoria firme por otros delitos.
Así ha trascendido tras la reunión celebrada entre los quince magistrados de las secciones de lo Penal de la audiencia madrileña, a la que han asistido otros jueces de forma voluntaria, como suele ser habitual en las reuniones de la Junta de Unificación de Criterio que se lleva a cabo cuando hay un cambio legislativo relevante. En total han asistido a la reunión casi medio centenar de jueces, han precisado fuentes jurídicas.
Por 32 votos a favor, ocho en contra y nueve abstenciones, los magistrados han acordado que, al revisar sentencias como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley, se apliquen los supuestos que se plantean el artículo 2.2 del Código Penal, «no siendo de aplicación en estos supuestos lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta del Código Penal».
Los jueces de Málaga y Granada también se decantan por rebajar las condenas posibles
También las cinco sesiones de la Audiencia Provincial de Málaga han decidido estudiar caso por caso las sentencias susceptibles de ser revisadas con la aplicación de la ley del «solo sí es sí», si bien se decantan por rebajar las condenas cuando sea posible, en contra del criterio del Fiscal General del Estado.
La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García, ha explicado a los periodistas que la revisión se hará de oficio atendiendo a lo que obliga la Ley en el artículo 9 de la Constitución y el 2 del Código Penal que se refiere a la aplicación de una norma cuando sea beneficiosa para el penado.
En Granada, la Audiencia ha celebrado este viernes una reunión de sus secciones penales para unificar criterios tras la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí», ha acordado revisar las sentencias firmes de procesos en que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, «aplicando la disposición que sea más favorable al reo».
Según recoge el acta, al que ha tenido acceso Efe, los magistrados de las secciones penales también han decidido, tras una «amplia deliberación», dar el trámite de revisión en aquellos casos en los que se considere que, respecto de la pena impuesta y teniendo en cuenta la calificación jurídica de los hechos probados, sea más favorable la pena a imponer al amparo de la nueva norma (Ley Integral de Libertad Sexual).
Los jueces vizcaínos se desmarcan del criterio de Fiscalía
Asimismo, la Audiencia de Vizcaya ha acordado analizar las sentencias por delitos sexuales «caso a caso», pero se decantan por aplicar la ley del ‘solo sí es sí’ aunque sea más beneficiosa para los reos, por lo que se ha desmarcado del criterio marcado recientemente por la Fiscalía General del Estado.
Los magistrados de las tres Salas de lo Penal de la Audiencia de Vizcaya, reunidos este viernes para unificar criterio ante las revisiones de condena, no son partidarios de utilizar los argumentos esgrimidos por el fiscal general Álvaro García Ortiz (PSOE) para evitar esas rebajas de penas.
Por tanto, según el acta de la reunión, añade que, ante la revisión de penas, que en la comunidad autónoma de las Vascongadas (País Vasco) han solicitado ya 20 personas condenadas por delitos sexuales, «procede la revisión de oficio de las sentencias firmes en las que se haya impuesto pena privativa de libertad, hasta el licenciamiento definitivo, exceptuando las condenas en las que se haya acordado la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 80 del Código Penal».
