Juicio a Borrás| La Policía usó palabras clave «18.000» o «Borrás» para rastrear correos del amigo de la acusada Laura Borrás Castanyer

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 10.02.2023. La presidente suspendida del Parlamento de Cataluña y líder de la derecha separatista JxCat, Laura Borràs Castanyer, acompañada de su marido, Xavier Botet (d), y su hija Marta Botet (i), a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde este viernes se inicia el juicio contra ella, con la petición de la Fiscalía de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por adjudicar presuntamente contratos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Efe

Efe.- Barcelona (España), miércoles 22 de febrero de 2023. Los Mossos d’Esquadra usaron las palabras clave «Borràs», «18.000» o «Institució» para rastrear los correos del amigo de la líder de Junts en busca de los contratos supuestamente adjudicados a dedo, una indagación que, como ha resaltado su defensa, llevaron a cabo cuando ya era aforada.

Una decena de mossos d’esquadra que participaron en los registros del domicilio del amigo de Laura Borràs y de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) han declarado este miércoles como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que juzga a la líder de Junts por fraccionar presuntamente contratos para adjudicarlos a dedo.

Se trata de 18 contratos menores -de un máximo de 18.000 euros- que el ILC adjudicó a Isaías H., amigo de Borràs, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, por valor de 335.700 euros.

Según han precisado los policías ante el tribunal, las supuestas adjudicaciones a dedo se destaparon a raíz de una intervención telefónica a Isaías H., que en 2017 era investigado por un juzgado de Manresa (Barcelona) por tráfico de drogas y falsificación de moneda, en la que comentaba a un amigo que tenía unos «trapis» en la ILC, que entonces dirigía Laura Borràs.

En el marco de esa investigación por tráfico de drogas, los Mossos registraron en diciembre de 2017 por primera vez el domicilio de Isaías H., quien les facilitó el acceso a su ordenador, en el que hallaron documentación sobre facturas sospechosas con la ILC.

Ante esos nuevos indicios de delito, el juez de Manresa se inhibió al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que en una causa abierta por falsedad documental autorizó en noviembre de 2018 registrar simultáneamente el domicilio de Isaías H., la sede de la ILC y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en búsqueda de pruebas sobre los contratos.

En el registro de la cuenta de correo de Isaías H., los agentes hicieron una serie de búsquedas con las palabras clave «Institució», «18.000 euros», «Laura Borràs» y «Borràs», entre otras, con fin de hallar «documentos relevantes», han explicado los policías.

Gonzalo Boye, abogado de Borràs, ha aprovechado esa explicación para cuestionar el papel de los agentes, al preguntarles si eran conscientes de que estaban investigando a una persona aforada.

«No investigábamos a Borràs, recabábamos información de la relación contractual de Isaías H. con el ILC», ha aducido uno de los mossos d’esquadra.

Al día siguiente de esos registros, en los que se intervinieron los correos que «podrían incriminar a Borràs», la juez de Barcelona decidió apartar a los Mossos del caso y encargárselo a la Guardia Civil, debido a las filtraciones periodísticas por esta investigación, ha reconocido un sargento.

Horas antes, Borràs, que ya era consellera de Cultura, había asegurado en una entrevista televisiva que el entonces titular del Departamento de Interior, Miquel Buch, le había garantizado que los Mossos no la estaban investigando.

La defensa de Borràs ha encaminado su interrogatorio a los agentes a confirmar su tesis de que hubo errores en la custodia del material informático intervenido, lo que, según planteó ya en las cuestiones previas, debe conducir a la nulidad de los correos que obran en la causa, uno de los principales indicios que incriminan a la dirigente de Junts.

Los insistentes interrogatorios de Gonzalo Boye han vuelto a suscitar un rifirrafe con el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, a quien el abogado de Borràs ha recriminado que esté cercenando su derecho a preguntar a los testigos.