Efe.- Barcelona (España) lunes 27 de febrero de 2023. La presidente suspendida del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs Castanye, ha responsabilizado a los dos funcionarios de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que la incriminaron de los contratos menores que adjudicó a su amigo Isaías H. y se ha escudado en que contaba también con el aval de la Intervención General.
Borràs ha declarado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la juzga por fraccionar presuntamente contratos de la ILC para adjudicarlos a dedo a su amigo, en un interrogatorio en el que solo ha contestado a las preguntas de su defensa dado «todo lo que ha pasado antes y durante el juicio».
En su primera declaración judicial por esa causa, la dirigente de Junts ha negado que hiciera una «contratación encubierta» a Isaías H. para crear la web de la Institució de les Lletres Catalanes, pero ha admitido que pensó en él desde el primer momento para desempeñar ese trabajo porque es un «artista digital» y el único en Cataluña capaz de llevarlo a cabo.
En ese sentido, ha afirmado que siguió las indicaciones de Assumpta P., a la sazón administradora de la ILC, sobre el tipo de contratos que debía formalizar para encargar trabajos de la web a su amigo Isaías H., y posteriormente las instrucciones de Roger E., quien sustituyó a la funcionaria durante los nueve meses en que esta estuvo de baja.
Según Borràs, Assumpta P. era «una gran profesional» y cualquier contratación que estuviera en manos de ella «es un expediente de diez», aunque entiende que la incriminara con su declaración en el juicio porque «estar sometida a un proceso judicial es una cuestión tremendamente incómoda, cada uno responde a esas circunstancias como puede».
Tanto Assumpta P. como su sucesor Roger E. han señalado a lo largo del proceso judicial que Laura Borràs desoyó las advertencias de la Intervención General sobre el abuso de contratación menor en la ILC y han puesto en duda la legalidad del fraccionamiento de trabajos para encargárselos a Isaías H.
No obstante, la dirigente de Junts ha mantenido que las interventoras de la Generalitat que le hicieron esas advertencias acabaron por asumir sus alegaciones sobre la contratación menor: «las podrían no haber aceptado, pero las aceptaron», ha dicho.
