Efe – Para las defensas, el Ministerio Público busca «según vaya o no este procedimiento» tener «más oportunidades que Platanito» para juzgar a los acusados «en otros 270 procedimientos», y «echa a pelear» a dos secciones de la Audiencia reclamando a la primera, encargada del juicio, «que se pronuncie sobre si asume o no las decisiones» de la séptima, que resolvió los recursos. Sevilla (España), lunes 15 de enero de 2018. Fotografía: SEVILLA (ESPAÑA), 15.1.2018. Los expresidentes socialistas Manuel Chaves (i), y José Antonio Griñán (2i), junto a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera (d), en la sala de la Audiencia de Sevilla donde se ha reanudado hoy el juicio de la pieza política de los ERE. Efe.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto hoy a citar como testigo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el juicio de la pieza política del caso ERE contra sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a que se les pueda acusar a estos de asociación ilícita, ambas peticiones del PP andaluz.
En la jornada de hoy, las acusaciones y defensas en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta han replicado a las cuestiones previas planteadas por la parte contraria la semana pasada, tras lo cual el tribunal ha suspendido la vista hasta el 12 de febrero para estudiar todas las peticiones.
La semana pasada, la acusación popular del PP pidió incluir 31 nuevos testigos, entre ellos Susana Díaz, su vicepresidente Manuel Jiménez Barrios; y la exconsejera y actual senadora Mar Moreno, que fue investigada en la causa pero el Supremo la archivó para ella.
En el caso de Díaz, el PP justificó que testifique por su «amplio conocimiento de los hechos» mostrado en sus comparecencias públicas, así como porque durante su mandato como consejera de la Presidencia (de junio de 2012 a septiembre de 2013) era la responsable del Gabinete Jurídico y en esa época se dictó el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral «que vino a convalidar en parte las subvenciones otorgadas».
Sin embargo, la Fiscalía considera que «no procede» que Díaz testifique porque el decreto era competencia de la Consejería de Empleo y porque el gabinete jurídico dependió de ella en fecha posterior a los hechos que se juzgan.
También porque respecto a los servicios jurídicos de la Junta, la Fiscalía ha impugnado expresamente que testifiquen sus abogados, que se personaron como acusación particular aunque luego pidieron el archivo reservándose la petición de responsabilidades civiles.
Por contra, sí apoya que declaren Jiménez Barrios y Mar Moreno.
El Ministerio Público ha apoyado también una petición de las defensas a la que se sumó la acusación popular de Manos Limpias: que a los procesados sólo se les acuse de prevaricación y, en su caso, malversación pero no de asociación ilícita, un delito que únicamente les atribuye el PP y por el que les pide dos años de cárcel.
Las defensas alegaron que es una «acusación sorpresiva» que no se planteó en la instrucción y ello vulnera su derecho a la defensa.
La Fiscalía considera que de dicha instrucción «no se desprende con claridad» hechos que permitan atribuirles «asociación ilícita» más allá de su pertenencia al mismo «organigrama» de los diferentes gobiernos socialistas de la Junta.
Las réplicas de las defensas a las cuestiones previas planteadas por las acusaciones se han centrado en rechazar la petición del fiscal al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla para que confirme que aquí se juzga sólo la creación del «procedimiento específico» con el que durante una década la Junta dio 850 millones en ayudas «sin control» y de forma «arbitraria», con «expresa exclusión» de juzgar la concesión y pago de cada ayuda.
La Fiscalía persigue «dejar sin efecto los apartamientos acordados» de algunos acusados, como los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera o el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, en las piezas separadas que investigan cada ayuda tras estimar, la sección séptima de la Audiencia y la propia instructora María Núñez, los recursos de sus defensas alegando que sus clientes ya son juzgados por las ayudas en este juicio y no se les puede juzgar dos veces por los mismos hechos.
Para las defensas, el Ministerio Público busca «según vaya o no este procedimiento» tener «más oportunidades que Platanito» para juzgar a los acusados «en otros 270 procedimientos», y «echa a pelear» a dos secciones de la Audiencia reclamando a la primera, encargada del juicio, «que se pronuncie sobre si asume o no las decisiones» de la séptima, que resolvió los recursos.
Por último, las acusaciones han replicado a otras cuestiones de las defensas como la nulidad de la instrucción desde enero de 2016, cuando la asumió el juez Álvaro Martín pese a no ser el titular del juzgado de instrucción 6 sino el refuerzo, por vulneración del derecho al juez natural predeterminado.
La Fiscalía y el PP se han opuesto, pero Manos Limpias, a quien las defensas piden expulsar como acusación y hoy también lo ha pedido el PP, coincide en que «se ha hecho mal» y es el «mal menor» devolver la causa a la instrucción hace dos años que seguir con el juicio y afrontar tras la sentencia nulidades del Supremo o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
