Efe.- Barcelona (España), jueves 16 de marzo de 2023. El fiscal Pedro Ariche ha acusado este jueves a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell de «perder su papel de órgano imparcial» para ponerse «a servicio de los intereses del Govern» cuando permitieron la tramitación de las leyes del procés.
Así lo ha mantenido la Fiscalía en el trámite de informes finales que pone fin al juicio contra los exdiputados de Junts pel Sí que formaban parte de la Mesa del Parlament -Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó-, para quienes pide un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional.
El juicio contra los miembros de la Mesa del 1-O, que fueron condenados en octubre de 2020 a veinte meses de cárcel, ha vuelto a celebrarse esta semana, después de que el Supremo ordenara repetirlo por falta de imparcialidad de dos de los magistrados que componían el tribunal, dado que habían intervenido en resoluciones previas relacionadas con el fondo del asunto.
Ariche ha arremetido contra los exdiputados, a los que ha reprochado que durante el mandato de Forcadell perdieran el «papel de órgano imparcial» que debe corresponder a la Mesa para «supeditarse completamente al poder ejecutivo y a sus intereses».
Los acusados, ha añadido el fiscal, actuaron «solo a servicio de quienes defendían los intereses del Govern» y de aquellos grupos políticos favorables a la ruptura con el Estado, lo que a su parecer les llevó a desoír las advertencias del Constitucional que impedían tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.
A diferencia del juicio celebrado en 2020, los exdiputados de JxSí cuentan con el precedente de otra sentencia sobre desobediencia en el Parlament: el TSJC absolvió en noviembre pasado al expresidente de la cámara y conseller de Empresa Roger Torrent por permitir la tramitación de resoluciones a favor de la autodeterminación, al concluir que eran meras declaraciones políticas.
En ese sentido, Ariche ha insistido en que las decisiones de la Mesa del 1-O deben vincularse con lo sucedido en los años del procés, cuando «con la colaboración y auxilio de otras personas ya enjuiciadas y otras que seguramente lo serán en el futuro ejecutaron un plan» para dar cobertura normativa a las «leyes de desconexión» que buscaban una ruptura con el Estado.
Para reforzar su argumento, ha parafraseado al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien el pasado mes de diciembre, cuando el Constitucional impidió que Las Cortes tramitaran la reforma legal para desbloquear la renovación de sus miembros afirmó que «la desobediencia sin un plan es confeti».
«Cuando la desobediencia queda en lo meramente declarativo es una conducta inocua», ha aseverado el fiscal, que cree que los acusados traspasaron el «perímetro de la inviolabilidad parlamentaria» cuando desobedecieron las órdenes «claras, concretas y precisas» del TC.
También la Abogada del Estado, Beatriz Vizcaíno, ha sostenido que los acusados ignoraron el mandato «expreso, concreto y determinante» del Constitucional, cuando ya del propio título de las resoluciones que tramitaron se deducía que «estaban infringiendo no solo la Constitución sino el propio Estatuto de Autonomía».
Por su parte, Juan Cremades, el abogado de Vox, se ha opuesto a la petición de las defensas de que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas a los procesados, por haber cumplido con «creces» la pena dado el tiempo transcurrido desde la sentencia que les inhabilitó.
