Madrid, jueves 1 de octubre de 2026 (EFE).- Junts per Catalunya pedirá al Gobierno retirar los dos decretos de vivienda antes de su votación este viernes por la mañana en el Congreso y, si el Ejecutivo central no lo hace, sus diputados votarán en contra de ambos, lo que abocaría las normas al fracaso.
Esta es la decisión que ha adoptado «por unanimidad» la ejecutiva de Junts, reunida este jueves de forma telemática desde las 21:00 horas para fijar su posición, según ha informado el partido en un comunicado, en el que reclama al Gobierno redactar y aprobar un nuevo decreto de vivienda que cumpla sus condiciones.
Aunque el comunicado no precisa el sentido del voto del grupo que lidera Míriam Nogueras, fuentes de la dirección de Junts han concretado que, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene los dos decretos, sus diputados votarán en contra.
«Una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a ello para las familias de clase media y trabajadora», señala Junts sobre las dos normas aprobadas a raíz del desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid.
Por ello, la ejecutiva extraordinaria de esta noche ha encargado al grupo parlamentario en el Congreso que reclame la retirada del decreto ley 26/2026 e inste al Gobierno a elaborar “inmediatamente” un nuevo texto.
Una vez esté listo, Junts pide convocar un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley. “En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable”, concluye el comunicado.
El primer decreto incluye medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.
Tanto el PNV como Coalición Canaria estaban dispuestos a apoyar este primer decreto, con lo que la llave de la votación estaba en manos de Junts, que había planteado durante la negociación desgravaciones fiscales como las contenidas en esta norma.
El segundo decreto consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler. En este caso, tanto el PNV como Coalición Canaria ya habían avanzado su voto negativo.
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Junts considera que “muchas de las medidas” contenidas en los decretos “provocarán el efecto contrario del que pretendían”, reduciendo la oferta de alquiler, incrementando los precios y “dificultando aún más el acceso a la vivienda a las personas con menos capacidad económica”.
A su entender, tampoco servirán para parar “a los fondos buitre”. “Con el redactado actual, estas entidades podrán continuar adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables”, añade el partido.
Para Junts, las propuestas del Gobierno tampoco “resuelven adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, porque no se garantiza el pago por parte de la administración”.
Una de las líneas rojas de Junts durante la negociación había sido la protección de los pequeños propietarios. El partido considera que debe ser la Administración, y no estos, quien asuma el coste de no echar a un inquilino vulnerable de la vivienda en caso de impago.
Para Junts, determinadas medidas “suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias” y no facilitarán que las clases medias y trabajadoras puedan comprar las viviendas que pasen del mercado del alquiler a la venta.