Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Fiscalía presenta hoy su escrito de calificación en las causas que siguen el Supremo y la Audiencia Nacional por el «procés», al igual que la Abogacía del Estado -órgano del gobierno del presidente Pedro Sánchez, que depende directamente del ministerio de Justicia- que no les acusará de un delito de rebelión, sino de sedición y malversación, al no apreciar violencia suficiente. Madrid (España), viernes 2 de noviembre de 2018. Fotografía: El presidente de Gobierno Pedro Sánchez. Efe.
A la espera de conocer sendos escritos de acusación, fuentes del Gobierno han informado a Efe de que la Abogacía del Estado no ve que los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sean susceptibles de un delito de rebelión, castigado con entre 15 y 30 años de prisión, sino de sedición, con una horquilla que oscila entre 10 y 15 años.
Se desmarca así de la Fiscalía pues a lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio del Ministerio Público en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, por lo que su decisión de acusar de sedición supone también un cambio en la estrategia que ha mantenido hasta la fecha.
La decisión de la Abogacía, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio, que previsiblemente comience en enero, defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
Nada hace prever por el contrario que la Fiscalía del Supremo modifique su criterio, por lo que mantendrá la rebelión, si bien las penas variarán en función de la responsabilidad que atribuya a cada uno de los nueve procesados por rebelión, que son todos los que permanecen en prisión provisional.
El exvicepresidente Oriol Junqueras soportaría la mayor pena por ser uno de los principales cargos del Govern -junto al huido Carles Puigdemont- por lo que la Fiscalía podría pedir hasta 25 años sin llegar al máximo de 30 años por rebelión agravada.
Para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, la Fiscalía baraja pedir penas que no superarían los 20 años, mientras que para los ‘Jordis’ y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell-, la petición bajaría a entre 10 y 15 años, aunque en caso de que se les considerase jefes podrían llegar a los 25 años.
A los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- prevé acusarles solo de malversación con una pena que oscilaría entre los seis y los ocho años de cárcel.
Los seis miembros de la Mesa que tramitaron las denominadas «leyes de desconexión» (aunque hay dudas respecto a Josep Joan Nuet, de Sí que es Pot) y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana, Mireia Boya serán acusados de desobediencia, pero este delito no conlleva prisión, solo inhabilitación para ejercer cargo público.
También se conocerá hoy el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana.
La jueza Carmen Lamela les procesó por delitos de pertenencia a organización criminal y de sedición por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
Sin embargo, según fuentes jurídicas, no se descarta que en su escrito de acusación de mañana la Fiscalía acabe calificando los hechos de rebelión.
