La Audiencia Nacional absuelve a los terroristas de ETA Carmen Guisasola, Oscar Abad y José Ramón Martínez

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), OCTUBRE DE 2020. Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola Solozábal en el inicio del juicio por el asesinato del policía nacional José Ignacio Pérez en Galdácano (Vizcaya) el 30 de enero de 1990. Efe 

Efe – La Audiencia Nacional ha absuelto a la etarra arrepentida Carmen Guisasola y a otros dos miembros de la banda, Oscar Abad y José Ramón Martínez, del atentado cometido el 30 de enero de 1990 en Galdácano (Vizcaya) en el que murió el policía Ignacio Pérez, al considerar que los hechos están prescritos. Madrid (España), jueves 29 de octubre de 2020.

La Sección Segunda de la Sala Penal ha dictado sentencia absolutoria en contra del criterio de la Fiscalía que solicitaba para cada uno de los acusados 30 años de cárcel por un delito de asesinato con finalidad terrorista.

De esta forma, la Sala estima la cuestión planteada por los abogados de la defensa en la que sostenían que los hechos habían prescrito porque una providencia dictada por la Audiencia Nacional en 1993 no interrumpe el plazo de prescripción de los hechos.

Aquella actuación, llevada a cabo por el Juzgado 5 en relación a las declaraciones policiales prestadas por Abad y Martínez reconociendo distintos hechos delictivos, «no se incluye el hecho investigado en las presentes actuaciones, por lo que no se remitió antecedente alguno para la prosecución del procedimiento».

En este sentido, añade, «no constituye una actuación judicial» relacionada con las presentes actuaciones, «tratándose de una resolución de mero trámite» por lo que no interrumpe el plazo de prescripción, que en este caso es de 20 años.

Por ello, la Sala les absuelve dado que los hechos tuvieron lugar el 30 de enero de 1990 y este procedimiento se dirige contra ellos por auto de 30 de enero de 2013 «habiendo por tanto prescrito el delito» y «quedando extinguida la responsabilidad criminal».

Carmen Guisasola, que se acogió a la denominada «vía Nanclares» para etarras arrepentidos, quedó en libertad en 2014 tras 24 años de prisión, pero en el juicio el fiscal Marcelo Azcárraga dijo que la acusada representa «el ejemplo paradigmático de que ETA tiene manuales de arrepentidos que se basan en grandes mentiras».

El asesinato del policía Ignacio Pérez ocurrió el 30 de enero de 1990 por medio de una bicicleta bomba que los terroristas explosionaron cuando el agente iba a montar en su vehículo.

Guisasola se limitó a manifestar en el juicio que perteneció a ETA pero que ya abandonó la banda y aseguró que no participó en este atentado. También negaron su participación los otros dos acusados, en libertad tras haber cumplido durante más de veinte años las penas que se les impuso por diversos delitos relacionados con ETA.