Ceuta, sábado 26 de septiembre de 2026 (EFE).- La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, escuchará esta semana a los primeros testigos de la causa abierta por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El miércoles está citado el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas Lara (PP), mientras que el jueves declararán quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno y el jefe de la Policía Local de Ceuta.
Vivas será el primer testigo en comparecer ante la magistrada, que trata de esclarecer la entrada de decenas de miles de migrantes por la frontera ceutí a finales de julio y que aprecia en los hechos una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España».
La ciudad autónoma está personada como acusación particular en el procedimiento, abierto a raíz de una denuncia de Iustitia Europa, y en el que Tardón también asumirá, cuando la reciba formalmente, la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano (PSOE).
Vivas acudirá a declarar con intención de dar «cuenta puntual» de lo sucedido y aportar la información de la que dispone, entre ella la serie de llamadas realizadas en los días previos a la entrada masiva para alertar de una situación «muy preocupante». En esas comunicaciones, según explicó el propio presidente ceutí tras conocer su citación, se reclamaron medidas como la declaración de emergencia, el establecimiento de un mando único y el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El presidente de Ceuta también subrayó que son «los primeros interesados en que todos los ceutíes y españoles conozcan la verdad de lo ocurrido» y en determinar «quién está detrás de esta agresión a la integridad territorial» de España.
La declaración del que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, está prevista para el jueves y tiene especial relevancia para la investigación. Sanz, que ocupaba el cargo con Miguel Ángel Pérez Triano, mantuvo el 29 de julio una conversación por WhatsApp con el CNI, que le informó a las 13:52 horas de un llamamiento difundido en redes sociales para un asalto por la valla y por mar al día siguiente, a las 20:00 horas, coincidiendo con la Fiesta del Trono y aprovechando que las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes «estarán liados».
En otro mensaje, el CNI advertía de la existencia de dos grupos diferentes en redes sociales que sumaban 180.000 seguidores, para que Sanz pudiera hacerse «una idea del alcance de la difusión». El entonces jefe de gabinete respondió «sus rilas», una expresión coloquial de asombro.
La Delegación del Gobierno sostuvo que no había sido informada de esa conversación ni de ningún mensaje de WhatsApp del CNI, una discrepancia que precipitó la dimisión de Sanz. El exalto cargo, por su parte, defendió que sí trasladó los avisos recibidos a la Delegación.
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También el jueves prestará declaración como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta, el primer agente al que escuchará la magistrada después de reclamar informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y ordenar diversas diligencias, solicitadas por la Fiscalía, para determinar qué ocurrió durante aquellos días.
La investigación, declarada parcialmente secreta, incluye requerimientos de información a distintos organismos policiales y militares sobre las posibles alertas emitidas antes de los acontecimientos. La jueza también ha solicitado análisis biométricos para identificar a «agentes dinamizadores» y a efectivos uniformados marroquíes que aparecen en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa.
Con estas diligencias, María Tardón busca reconstruir la cadena de mando operativa existente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio, después de señalar en el auto de apertura de la causa una «clara e indudable gestión favorecedora» por parte de Marruecos.