Madrid, jueves 17 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- CRISIS MIGRATORIA EN LA FRONTERA SUR | La Audiencia Nacional tumba las cautelarísimas del SUP y deja en manos de Interior la desprotección policial frente al masivo campamento del puerto. El Tribunal avala el parche del socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón en Ceuta sin garantizar la seguridad ante los ataques, agresiones sexuales, entre otras violencias, de los inmigrantes ilegales.
La Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelarísima la utilización de 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para la acogida de los miles de inmigrantes que desbordan la ciudad autónoma. El tribunal deja así las manos libres al Gobierno socialista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para seguir adelante con un dispositivo temporal en la Ampliación de Poniente, desoyendo las alarmas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la falta de planes de prevención de riesgos y seguridad para los agentes que custodian a los inmigrantes ilegales.
El rechazo judicial a las cautelares del SUP
La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) ha emitido un auto inapelable que deniega paralizar el polémico dispositivo. El sindicato policial exigía frenar la ocupación portuaria hasta que el Ministerio de Transportes y la Secretaría de Estado de Migraciones acreditaran el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad, emergencias y salud laboral de los funcionarios de la Policía Nacional encargados de vigilar a los inmigrantes marroquíes.
Sin embargo, los magistrados argumentan que en este momento procesal prevalecen las razones de interés general para mantener la infraestructura frente a la crisis migratoria, eludiendo valorar el fondo de la desprotección laboral denunciada por los agentes.
Un ministerio que delega la patata caliente en Interior
El auto judicial pone al descubierto la falta de coordinación y la improvisación que impera en los ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La resolución dictada en su día por el Ministerio de Transportes se limita a ceder el suelo portuario hasta el 31 de diciembre de 2026, lavándose las manos sobre las condiciones reales en las que se hacinará a los inmigrantes y en las que trabajarán las Fuerzas de Seguridad.
Los jueces constatan que el Ministerio de Transportes no fija ningún protocolo y delega de manera expresa en el Ministerio del Interior toda la responsabilidad para reforzar la seguridad mediante la aportación de los medios necesarios, dejando el bienestar de los policías a expensas de futuras disposiciones de Fernando Grande-Marlaska.
Últimas horas: Ceuta al límite por la presión migratoria
La presión en la ciudad autónoma de Ceuta se mantiene en niveles críticos debido a la entrada continuada y masiva de inmigrantes ilegales. El espacio portuario habilitado de urgencia se ha convertido en el epicentro de la gestión de una crisis que amenaza con colapsar las capacidades logísticas y asistenciales locales, cronificando un escenario de tensión permanente en el litoral ceutí.
Las últimas horas han estado marcadas por la saturación de los recursos policiales disponibles. Las patrullas desplegadas en el perímetro de la Ampliación de Poniente denuncian un agotamiento extremo ante la falta de relevos y la ausencia de infraestructuras adecuadas que garanticen una contención segura de los inmigrantes marroquíes.
Las organizaciones sindicales insisten en que el rechazo de las medidas cautelares consolida un modelo de gestión basado en la improvisación y el desamparo institucional hacia los funcionarios de seguridad.
La incertidumbre jurídica y social se acrecienta tras el blindaje del tribunal a la orden gubernamental. A las puertas de un otoño previsiblemente conflictivo en la frontera sur, la ampliación temporal del recinto portuario hasta finales de 2026 ratifica que el Ejecutivo central asume la saturación de Ceuta como una realidad estructural, sin aportar soluciones de fondo a la llegada masiva y descontrolada de inmigrantes.