Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), domingo, 13 de marzo de 2022. La consejera de Cultura del Gobierno de coalición separatista de la Generalidad de Cataluña, Natàlia Garriga (ERC), comparece mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que debe notificarle su procesamiento por su papel en la organización del golpe de estado separatista del 1-O de 2017 y ofrecerle la oportunidad de declarar de nuevo, antes de que el caso se envíe a juicio.
Garriga fue detenida el 20 de septiembre de 2017, en la operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para abortar la logística del golpe de estado separatista del 1-O que dio pie al registro de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía, dirigido por el golpista indultado del Procés, Oriol Junqueras Vies (ERC), y donde la consejera Garriga ejercía de directora de servicios.
Posteriormente, fue procesada por participar en los preparativos del golpe de estado que suspendió el Tribunal Constitucional, principalmente a raíz de sus gestiones para obtener un local donde almacenar material electoral y acondicionar un centro de recogida de datos de la votación.
A raíz de las elecciones catalanas del año pasado, 14 de febrero de 2021, Garriga fue nombrada consejera de Cultura y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pasó a manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la ha incorporado al proceso que tiene abierto contra los diputados de ERC y ex altos cargos de Economía Josep Maria Jové -quien era su superior en el Departamento- y Lluís Salvadó.
Junto a una treintena de cargos del Gobierno separatista del golpista huido del Procés, Carles Puigdemont Casamajò, Garriga fue procesada por el juzgado de instrucción número 13 por desobediencia y malversación pero ahora, con la causa ya en manos del TSJC, la Fiscalía ha abierto la puerta a que se le impute solo el primero de esos delitos, que se castiga con inhabilitación y multa pero no conlleva penas de prisión.
En el escrito que remitió a la sala civil y penal del TSJC cuando este asumió el caso, el fiscal Pedro Ariche sostenía que la consellera incurrió en un delito de desobediencia grave, por «desatender los mandatos» del Constitucional y colaborar en la organización del 1-O desde su cargo de directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidente, pero no de malversación.
