Agencias – La Delegación del Gobierno en Cataluña ha dado instrucciones para llevar a los tribunales a todos los ayuntamientos que promulguen decretos o aprueben en sus plenos la aplicación del manifiesto que presentarán las entidades municipales separatistas, que prevé ceder locales para el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Barcelona (España), viernes 30 de junio de 2017. Fotografía: El delegado del gobierno de la Nación en Cataluña, Enric Millo Rocher. Archivo Lasvocesdelpueblo.
Según fuentes de la Delegación del Gobierno a la agencias Efe, tanto la propia Delegación como las cuatro Subdelegaciones provinciales en Cataluña poseen unidades cuya función rutinaria es la de verificar la legalidad de todos los actos en los plenos de los ayuntamientos, unas estructuras de Estado que deben cumplir la legalidad y en los que su personal, como secretarios o interventores, forman parte del cuerpo funcionarial estatal.
En este contexto, la Delegación del Gobierno en Cataluña estará vigilante ante el acto de mañana convocado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona por la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) y la Asociación de Municipios y Comarcas de Cataluña (ACM), en el que los alcaldes separatistas apoyarán un manifiesto a favor del referéndum previsto por el Gobierno catalán para el 1-O, y que expresará el compromiso de los ediles secesionistas de colaborar en su organización cediendo «locales habituales» como colegios electorales.
En el texto del manifiesto, los alcaldes que lo firman expresarán que su «predisposición y compromiso a colaborar en todas aquellas actuaciones que desde el Gobierno catalán se nos requiera (sic) y, por esto, en el momento en que se haga la convocatoria, pondremos a disposición de la organización del referéndum los locales habituales donde se celebran todas las jornadas electorales en nuestros municipios».
Así las cosas, las fuentes consultadas han confirmado que si estas intenciones de los ediles separatistas pasan de la «propaganda» a actos concretos, como la promulgación de un decreto o cualquier aprobación en el pleno, la Delegación del Gobierno en Cataluña llevará cada caso a los tribunales vía demandas judiciales o abriendo procedimientos contencioso-administrativos.
La Delegación del Gobierno ha dado así instrucciones a sus unidades de vigilancia para que actúen por la vía judicial ante cualquier iniciativa municipal que signifique llevar a la práctica el manifiesto que mañana darán a conocer los alcaldes separatistas, que buscan hacer posible el referéndum previsto para el 1 de octubre, un acto de «agitación», según las fuentes consultadas.
