La Fiscalía belga pide entregar a Puigdemont a España por «sedición y malversación»

FOTOGRAFÍA. BRUSELAS (BÉLGICA), AÑO 2019. El expresidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Fiscalía belga pedirá que ejecute la orden europea e internacional de detención y entrega contra el prófugo de la Justicia española, expresidente de la Generalidad de Cataluña y máximo líder del Procés, Carles Puigdemont Casamajò, por los delitos de «sedición y malversación», que recoge la euroorden reactivada por el Tribunal Supremo tras publicarse la sentencia del Procés del pasado lunes, 14 de octubre de 2019, según han avanzado sus abogados, los belgas Paul y Simon Bekaert. Bruselas (Bélgica), lunes 28 de octubre de 2019.

Los letrados han explicado a Efe y a Europa Press, que este posicionamiento de la Fiscalía, en línea con la petición del Tribunal Supremo español, figura en las alegaciones escritas ya presentadas ante la vista sobre la euroorden reactivada contra Puigdemont, convocada para mañana por la mañana, martes 29 de octubre de 2019, ante un tribunal de primera instancia en Bruselas, sobre las 9:00 horas.

La Fiscalía, según esas alegaciones, cree que «a primera vista Puigdemont puede ser entregado a España por estos dos delitos, para los que según la normativa de la euroorden debe encontrarse una equivalencia en los códigos legales belgas», así también recoge Radiotelevión española (RTVE).

La defensa del prófugo expresidente de la Generalidad de Cataluña ha explicado en todo caso que pedirá un aplazamiento de dicha vista para poder presentar observaciones por escrito.

PUIGDEMONT HARÁ TODO PARA EVITAR LA ENTRGA A ESPAÑA

Puigdemont está citado este martes a las 9:00 horas a responder a puerta cerrada ante un tribunal neerlandófono de la Cámara del Consejo por la euroorden reactivada contra él por el Tribunal Supremo español por presuntos delitos de sedición y malversación tras publicarse la sentencia sobre el referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

No obstante, el letrado ha confirmado que solicitarán al juez un tiempo adicional para presentar alegaciones por escrito sobre asuntos como la inmunidad parlamentaria que alega Puigdemont como miembro electo del Parlamento Europeo, algo que rechazan la propia Eurocámara, la Comisión Europea y España.

Bekaert se ha mostrado confiado en que el juez concederá este aplazamiento, que según sus cálculos podría posponer esta primera vista del proceso hasta el mes de diciembre.

Puigdemont fue citado ante este juzgado de primera instancia para comparecer después de que el juez instructor dejara al sedicioso prófugo d ela Justicia en libertad sin fianza pero con medidas cautelares, exigiéndole que declare una residencia fija, que esté a disposición de las autoridades judiciales en todo momento y prohibiéndole salir de Bélgica.

El tribunal decidirá si acuerda la entrega o no a España de Puigdemont, decisión ante la que cabe recurso en apelación, primero, y en casación, después.

90 DÍAS PARA LA SENTENCIA

En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont, el Ministerio Público belga abogó por cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España, incluyendo los de rebelión y sedición, salvo el de prevaricación. Entonces, la Fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de «coalición de funcionarios» y «malversación por parte de funcionarios».

En cualquier caso, sea cuando fuere que el juez tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso (Fiscalía belga y defensa) dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

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