Redacción – Por la condición de aforado del todavía presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò, la Fiscalía Superior de Cataluña presentará esta querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el único con potestad para investigar y procesar al presunto delincuente presidente de gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña. Barcelona (España), sábado 21 de octubre de 2017. Fotografía: El golpista presidente de PDECAT ante la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, durante una sesión del Parlamento autonómico de Cataluña. Archivo Efe
Así ha avanzado este mediodía, del sábado 21 de octubre de 2017, la Televisión pública regional (TV3). Según explica este ente público, «la querella por rebelión se podría hacer extensible a todos los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña y los integrantes de la Mesa del Parlamento de Cataluña», excluido los representantes de Ciudadanos Cs, quienes siempre han rechazado cada decisión d ela Mesa del Parlamento de Cataluña.
Así también han confirmado fuentes de la Fiscalía a Efe que el órgano trabaja desde hace semanas en la elaboración de la querella de rebelión contra Puigdemont.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, «preparar una querella contra Carles Puigdemont si declara la independencia unilateral de Cataluña (DUI)» la próxima semana en el Parlamento de Cataluña.
Maza quiere imputar a Puigdemont «un delito por rebelión», dice TV3. Un delito que se puede castigar con penas de 15 a 30 años de prisión.
La decisión la tomará la Fiscalía «en función de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos días, básicamente si hay Declaración Unilateral de Independencia (DUI)» que pretende hacer otra vez el exalcalde de Gerona, Carles Puigdemont, desde el Parlamento de Cataluña la semana que vienes, tras el rechazo del presidente de España a sentarse y negociar la rendición de España tal como solicitó Puigdemont suspendiendo el DUI el pasado martes 10 de octubre en la misma cámara catalana.
El Gobierno de España aprueba hoy las medidas de la aplicación del artículo 155 en Cataluña que llevará en el debate del Senado para su aprobación en una votación el próximo viernes 27 de octubre de 2017.
JxSí y CUP fijarán el lunes la fecha del pleno en que se podría votar la DUI
La Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña fijará el próximo lunes la fecha del pleno en el que Juntos por el Sí (JxSí) y la CUP prevén votar la declaración unilateral de independencia (DUI), a la espera de que mañana el Consejo de Ministros concrete el alcance del artículo 155 de la Constitución.
Fuentes separatistas han apuntado que el pleno del Parlamento de Cataluña en el que se vote lo que el presidente catalán, Carles Puigdemont, en su última carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, definió como una «declaración formal de la independencia» podría coincidir con el pleno del Senado, previsto para el viernes 27 de octubre, en el que se aprobarían las medidas derivadas de la aplicación del 155.
La reunión del lunes de la Junta de Portavoces, convocada hoy por la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, ya estaba prevista después de que esta semana quedara en suspenso el pleno que debía realizarse los días 18 y 19 de octubre, pero JxSí y la CUP aún no han comunicado qué tipo de sesión plenaria desean celebrar.
La mayoría separatista en el Parlament baraja la posibilidad de que la declaración de independencia de Cataluña sea aprobada en el debate de política general -aún por celebrar este año- o bien en un pleno monográfico, porque ambos tipos permiten proponer una resolución sin alterar el orden del día.
La Mesa del Parlamento se reunirá, como es habitual, el martes por la mañana para aprobar el orden del día definitivo del pleno que proponga el lunes la Junta de Portavoces.
Mientras tanto, las fuerzas independentistas están pendientes de ver cómo concreta mañana el Gobierno de Rajoy las medidas para desarrollar el articulo 155 de la Constitución.
Por la tarde, el separatismo se volcará en la concentración convocada en el centro de Barcelona para protestar por el encarcelamiento del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y por la posibilidad de que el Gobierno central intervenga la autonomía catalana.
Rajoy no se ha pronunciado al respecto, pero tanto desde el PSOE como desde Ciudadanos se ha apuntado a la convocatoria de unas elecciones en Cataluña para enero.
La hipótesis de unas elecciones catalanas forzadas desde Madrid genera indignación unánime en el separatismo, aunque en su seno hay debate interno sobre cómo habría que reaccionar.
Mientras la CUP y otros sectores del separatismo abogan por boicotear unas elecciones convocadas invocando el 155, otras voces separatas, sobre todo en el PDeCAT, no lo ven tan claro.
El expresidente de la Generalidad Artur Mas, por ejemplo, ha advertido de que sería «letal para Cataluña» que el Estado forzara la convocatoria de unas elecciones al Parlamento de Cataluña y los partidos separatistas no se presentaran.
Por su parte, la portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha opinado que los socialistas catalanes «no apoyan» la aplicación del 155 y «no darán un cheque en blanco al PSOE» en el Senado hasta ver qué medidas se acuerdan.
El Departamento de Salud de la Generalidad ha elevado a 1.066 los escudos humanos separatistas -movilizados por el gobierno catalán y entidades separatistas para proteger su golpe de estado del 1-O- atendidas a raíz de las cargas policiales durante la jornada del 1-O, 991 el mismo día y 75 en días posteriores, la gran mayoría por contusiones y heridas, entre ellas dos niños menores de 11 años, 23 personas mayores de 79 años y doce agentes policiales.
En el plano judicial, la juez Carmen Lamela ha pedido un informe de las llamadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre de los investigados por sedición: el mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, la intendente de los Mozos Teresa Laplana, así como Sánchez y Cuixart, ambos en prisión desde el lunes.
En su petición a la Guardia Civil para conocer ese tráfico de llamadas, notificada en un auto, la juez de la Audiencia Nacional pide que se identifiquen los números de teléfono de los cuatro investigados y que se solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y de mensajes de texto emitidos también esos días, entre el 15 de septiembre y 2 de octubre.
La juez también ha solicitado información a algunas entidades financieras acerca de los movimientos bancarios de las cuentas de ANC y Òmnium.
