Lasvocesdelpueblo y Agencias – Asimismo, la Fiscalía ha comenzado el proceso contra él, ya que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que se querelle por los incumplimientos de los acuerdos de la Junta Electoral Central. Acepta de este modo la remisión del caso hecha por la JEC ante las «responsabilidades penales» en las que ha podido incurrir el presidente de Cataluña. En el acuerdo de ayer, la Junta acusa a Torra de «incumplimiento consciente y reiterado». Su actitud, por tanto, podría ser causa de un delito de desobediencia, y a su vez, de inhabilitación para cargo público. El artículo 410 del Código Penal prevé en estos supuestos «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». Barcelona (España), sábado 23 de marzo de 2019.
La Fiscalía de Cataluña —bajo órdenes de la Fiscalía General del Estado, máxima institución que ordenó este mismo viernes a la Fiscalía de Cataluña querellarse contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra Pla— ha iniciado, este viernes, 22 de marzo de 2019, el procedimiento para una posible inhabilitación de Torra como cargo público por su demora en quitar de los edificios públicos los símbolos independentistas, tras incumplir los plazos establecidos por la Junta Electoral Central (JEC) antes de retirarlos esta mañana.
Pero el pulso político no cesa: el presidente de la Generalitat ha colgado una pancarta por la libertad de expresión en la fachada del Palacio de la Generalidad de Cataluña, en la que puede leerse «Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Esta última pancarta ha aparecido a las 15.05 horas, es decir, justo después de que acabara el plazo que ayer dio la Junta Electoral para quitar de la vía pública cualquier simbología considerada «partidista», y por tanto, contraria a la legislación en periodo electoral.
El nuevo cartel es el tercero, ya que originalmente se exhibía uno con el lema «Libertad presos políticos y exiliados», junto a un lazo amarillo, y que tenía que haber sido retirado el martes tras varios requerimientos. Ayer, Torra lo sustituyó por otro con el mismo lema y un lazo blanco atravesado por una franja roja.
Nueva reunión de la JEC sobre la nueva pancarta de Torra
A partir de ahora se abre un nuevo escenario si a la Junta Electoral llegan nuevas reclamaciones contra la última pancarta de Torra. Tendrá que reunirse y dirimir si vulnera el principio de neutralidad que la legislación pide preservar durante los periodos previos a los comicios.
El cartel de Torra, al defender la libertad de expresión sin simbología ni más mensajes o consignas, pudiera ser legal. La Junta tendrá que analizarlo llegado el caso, y una vez que durante la mañana han ido desapareciendo de los edificios públicos los símbolos colocados ayer, que habían sustituido a los lazos amarillos.
En las consejerías que dirigen representantes de ERC estos elementos se han quitado sin intervención de los Mozos de Escuadra, en tanto que en la Generalidad de Cataluña, los funcionarios han procedido a la retirada de la pancarta de la fachada en cuanto se personó la policía catalana a media mañana.
Una vez terminado el plazo de retirada a las 15.00 horas, la Delegación del Gobierno en Cataluña enviaba el informe preceptivo a la JEC y ya recogía la última maniobra de Torra, la de la pancarta por la libertad de expresión.
No ha sido el único movimiento del presidente Torra durante la jornada, pues ha anunciado un recurso ante el Supremo contra las decisiones de la JEC y una querella al mismo órgano por presunta prevaricación.
Asimismo, la Fiscalía ha comenzado el proceso contra él, ya que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que se querelle por los incumplimientos de los acuerdos de la Junta Electoral Central.
Acepta de este modo la remisión del caso hecha por la JEC ante las «responsabilidades penales» en las que ha podido incurrir el presidente de Cataluña. En el acuerdo de ayer, la Junta acusa a Torra de «incumplimiento consciente y reiterado».
Su actitud, por tanto, podría ser causa de un delito de desobediencia, y a su vez, de inhabilitación para cargo público. El artículo 410 del Código Penal prevé en estos supuestos «inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
Será la Fiscalía de Cataluña la que estudie el caso porque Torra es aforado y los posibles delitos los habría cometido dentro del territorio catalán.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar, incluso para evitar posicionarse, como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas al eludir comentar tanto la querella que prepara la Fiscalía como la que ha avanzado Torra contra la JEC.
Sí se ha pronunciado el líder del PP, Pablo Casado, quien ha criticado la «rebeldía» de Torra y su intento «grotesco» de sortear a la Junta Electoral Central.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado, por su parte, que si preside España «no habrá ni un lazo amarillo y se va a acabar con el adoctrinamiento» en Cataluña.
