Lasvocesdelpueblo y Agencias – La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha anunciado jueves en Barcelona que el ministerio público decidirá «caso por caso» si denuncia a los alcaldes que apoyaron el referéndum ilegal no autorizado por la Justicia del pasado 1 de octubre de 2017 en Cataluña (1-O), en unas investigaciones que ya están «ultimadas», tras subrayar que «no hay ninguna causa general». Barcelona (España), viernes 23 de noviembre de 2018. Fotografía: Barcelona (España), sábado 1 de julio de 2017. Carme Forcadell, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Neus Lloveras y Miquel Buch posan junto a todos los alcaldes de Cataluña participantes en el acto. Efe.
Segarra se ha reunido hoy con la cúpula de la Fiscalía en Cataluña y Barcelona, en su primera visita a la comunidad catalana desde que el pasado mes de julio tomó posesión de su cargo, para tratar, entre otros asuntos, sobre el futuro de las investigaciones que en vísperas del 1-O se abrieron a decenas de alcaldes por apoyar el referéndum unilateral.
Las investigaciones se derivaban de una instrucción que dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se investigara a los alcaldes que habían cedido equipamientos municipales para el 1-O, en la que adjuntaba un listado de 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales.
La Fiscalía de Cataluña ha archivado ya una investigación a un alcalde aforado -el diputado y alcalde de Mollerussa (Lleida) Marc Solsona- al entender que no hay indicios de que cediera locales municipales para la consulta, mientras que la de Barcelona se inclina por presentar querellas contra otros ediles de su provincia.
Segarra ha admitido hoy que están «muy ultimadas» algunas de esas diligencias y que en un «breve plazo» se dará «salida» a las mismas, en su caso «judicializándolas o mediante resolución de archivo».
«Son conductas personales, así es el derecho penal», ha insistido la fiscal general, que ha destacado la importancia de transmitir a la ciudadanía que en la Fiscalía «no hay directrices generales», aunque sí una «coordinación «para garantizar la unidad de actuación del ministerio público».
En ese sentido, ha destacado que la unidad de actuación es «uno de los principios» del ministerio público: «el principio de igualdad ante la ley se demuestra muy claramente con el trabajo de los fiscales», ha añadido.
La fiscal general del Estado se ha reunido esta mañana con la cúpula de la Fiscalía Superior de Cataluña, dirigida por Francisco Bañeres, y posteriormente con la plantilla de la Fiscalía Provincial de Barcelona, un área que, ha destacado Segarra, «tiene mucho peso y es muy grande e importante».
Segarra también ha tenido esta mañana un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, en el Palau de Justicia de Barcelona, sede del alto tribunal catalán.
Precisamente, en declaraciones a los medios Segarra se ha referido a la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una decisión que le parece «oportuna» para reforzar la imagen de independencia del poder judicial en España.
Segarra ha apostado por «otras formas de selección» de los miembros del CGPJ que contribuyan a reforzar la imagen de independencia de la justicia y ha tildado de «extraordinariamente prudente» que se paralice «y se deje para un momento posterior» la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
Asimismo, ha asegurado que una de las funciones de la Fiscalía es «la defensa de la independencia judicial», por lo que siempre estará «al lado de cualquier iniciativa que pretenda reforzar esa imagen de confianza e independencia que tiene que tener la sociedad en su justicia».
«Si se plantean otras formas de selección para la elecciones de los vocales del Consejo, bienvenidas sea, todo desde el respeto a los ámbitos de competencia y a las decisiones personales de instituciones y personas», ha recalcado.
Segarra cree que la independencia judicial no está «en absoluto en peligro en España», pero ha apostado por posponer la elección de los vocales del CGPJ, «si ha habido un contexto en que esto puede estar en tela de juicio».
En ese sentido, la fiscal general ha aseverado que la renuncia de Marchena obedece a «posiciones personales muy respetables», pero que le parece «oportuno» dentro de ese «contexto» de garantizar la imagen de independencia de la justicia ante la sociedad.
