La Fiscalía ordena a los Mozos interrogar a los responsables de centros electorales del 1-O

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CATALUÑA (ESPAÑA), 25.09.2017. Ferran López, comisario superior de Coordinación territorial de los Mozos, a su llegada a la reunión de coordinación de los cuerpos de seguridad sobre el 1-O, esta tarde en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Efe

Agencias – “Ceder los locales para el referéndum” ilegal del “1-O es un delito”. Los agentes de los Mozos de Escuadra deberán además advertir a los responsable de los centros que “la entrega de llaves o claves de seguridad a cualquier persona privada o pública, incluida la administración educativa, podrá ser considerada un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos”, este último penado con cárcel. Barcelona (España), lunes 25 de septiembre de 2017. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 25.09.2017. Ferran López, comisario superior de Coordinación territorial de los Mozos, a su llegada a la reunión de coordinación de los cuerpos de seguridad sobre el 1-O, esta tarde en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Efe

Finalmente, lo Mozos les advertirán de que “cualquier tipo de amenaza, coacción o presión para ceder el control del local por cualquier autoridad, funcionario o particular debe ser inmediatamente puesta en conocimiento de la Fiscalía, directamente o a través de los Mozos, a fin de que ejercite las acciones oportunas”.

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha ordenado al mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, que sus agentes interroguen como testigos a los responsables de los centros designados colegios electorales para el referéndum separatista del uno de octubre en Cataluña (1-O) y les adviertan de que ceder sus locales es delito. 

En una instrucción cursada hoy, Romero de Tejada ordena a Trapero que los Mozos se personen en los centros educativos o administrativos de la lista de colegios electorales que difundió el pasado jueves a través de Twitter el presidente catalán, Carles Puigdemont.

El fiscal superior afirma en la instrucción que muchos son institutos u otros centros de enseñanza y añade que, “según aseguran distintas fuentes del ámbito educativo -entre ellas, CCOO-, el área de Servicios Territoriales, dependiente del Departamento de Enseñanza de la Generalidad, ha contactado con la dirección de los centros”.

En ese supuesto contacto de la Generalidad con los centros que deberían servir de colegios electorales el 1 de octubre, el fiscal afirma que se les habría pedido que introdujeran las llaves y la contraseña de la alarma de seguridad de los edificios dentro de un sobre que deberían depositar en una de las diez oficinas de los Servicios Territoriales repartidas por Cataluña.

Esa entrega se realizaría, dice la instrucción, el próximo viernes, dos días antes de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, y a cambio se les entregaría un recibo.

Por ello, el fiscal catalán pide a Trapero que los Mossos, en funciones de policía judicial, se personen “inmediatamente” en estos centros para identificar a sus responsables e interrogarles, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación de la Generalidad solicitando su colaboración en el referéndum.

En caso afirmativo, prosigue el fiscal, los responsables deberán entregarles la documentación que posean sobre estos hechos, como sería la comunicación de su designación como colegio electoral, instrucciones de actuación, personas de contacto para incidencias o petición de que entreguen las llaves.

En el caso de que la comunicación que hayan recibido sea oral, les pedirán que identifiquen a su interlocutor, y si poseen ya algún tipo de material electoral como papeletas, urnas, listados de votantes u ordenadores, se requisará inmediatamente.

Los agentes de los Mozos de Escuadra deberán además advertir a los responsable de los centros que “la entrega de llaves o claves de seguridad a cualquier persona privada o pública, incluida la administración educativa, podrá ser considerada un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos”, este último penado con cárcel.

En el caso de que las llaves o las claves ya se hubieran dado por un duplicado o la Generalidad ya tuviera una copia de seguridad, los agentes les recordarán que deben impedir la apertura de los locales sin su autorización y denunciar “sin demora” la presencia en el centro de personas ajenas al mismo.

También se comunicará a los responsables que cualquier comunicación de la Generalidad garantizándoles que están eximidos de responsabilidad penal es “rotundamente falsa y sin fundamento legal”.

Finalmente, lo Mozos les advertirán de que “cualquier tipo de amenaza, coacción o presión para ceder el control del local por cualquier autoridad, funcionario o particular debe ser inmediatamente puesta en conocimiento de la Fiscalía, directamente o a través de los Mozos, a fin de que ejercite las acciones oportunas”.

Hecho esto, los agentes deberán remitir estas diligencias en forma de atestados a la fiscalía competente.

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