La Fiscalía pide al TSJC que investigue si se utilizaron ficheros públicos en el 9-N catalán

0
652
Fotografía de las urnas en una escuela catalana durante la celebración del referéndum del 9N 2014 (REUTERS).

Agencias – El fiscal general del Estado quiere aclarar si el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información del gobierno en funciones del presidente autonómico de Cataluña, Artur Mas Gavarró, proporcionó las plataformas informáticas del gobierno para hacer posible el referéndum separatista del pasado 9 de noviembre 2014 (9-N). Así pide la Fiscalía General del Estado en una nota pública. Barcelona, 14 de diciembre 2015. Fotografía de las urnas en una escuela catalana durante la celebración del referéndum del 9N 2014. Foto/Reuters. 

La Fiscalía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue si el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información del gobierno autonómico de Cataluña en funciones, (CITT), participó en la preparación y celebración del referéndum del 9-N en Cataluña que se hizo en desobediencia a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

En concreto, el fiscal pide que se aclare si este centro proporcionó las plataformas informáticas para hacer posible la consulta y si se utilizar ficheros públicos con datos de los ciudadanos para hacer la votación. Según la fiscalía del Estado, la documentación que se ha aportado sobre las empresas privadas que trabajan para el centro de telecomunicaciones del gobierno catalán apunta que habrían trabajado para hacer posible informáticamente el nuevo 9-N.

En este sentido, el fiscal ha solicitado al magistrado del TSJC que ordene nuevas diligencias para establecer hasta qué punto la el gobierno en funciones de Artur Mas Gavarró mantuvo «en todo momento y hasta el final» un control determinante sobre la preparación y el desarrollo de la votación, «en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional», según la nota hecha pública por la Fiscalía.

Recordemos que la Fiscalía ya anunció en noviembre que podría ampliar la querella contra el presidente en funciones de Cataluña, Artur Mas Gavarró; la consejeras de Educación, Irene Rigau; la vicepresidenta del Gobierno catalán -ya dimitida tras la disolución de Convergencia y Unión- Joan Ortega; y a otras personas implicadas en la desobediencia al Tribunal Constitucional.