Lasvocesdelpueblo y Agencias.- La Fiscalía General del Estado se opone a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigue al presidente del Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García, y a los consejeros Jaume Giró y Laura Vilagrà por los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dinero público del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT) de 10.000.000 de euros y creado por Aragonés, a los cargos de los Gobiernos del Procés (desde 2011 al 2017) encausados en el Tribunal de Cuentas por la financiación con dinero público de la propaganda del Procés en el extranjero.
El Tribunal de Cuenta ya ha considerado ilegal el pago de los avales del Procés con el dinero público del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña» (FCRCAT), a través del Instituto Catalán de Finanzas (órgano que depende directamente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y actúa como un banco aunque tenga un Gobierno interno mientras que los bancos tengan un Consejo de Administración).
Entonces, la formación separatista de ultraizquierda ERC adelantó que se encargaba del pago de todas las fianzas (5.422.411,10 euros), como gesto de solidaridad, para que ningún separatista se quede solo ante lo que desde la extrema izquierda separatista tacharon de «represión» económica de España contra el separatismo.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado un informe ante el TSJC en el que pide que no se admita a trámite la querella que el Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Cataluña, preside Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presentó contra el presidente de Gobierno secesionista de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García (ERC), y sus consejeros por la concesión de los avales del ICF, a través del FCRCAT, a la que se suma otra denuncia de la entidad catalana Convivencia Cívica Catalana y del dirigente del presidente del grupo Parlamentario de Ciudadanos (C) y líder de Cs en la Comunidad autónoma de Cataluña, Carlos Carrizosa Torres.
Además la formación de Inés Arrimadas García llevó a los cargos de la Ejecutiva del Instituto Catalán de Finanzas ante la Fiscalía.
Asimismo, en paralelo, a raíz de una denuncia de Cs, la Fiscalía de Barcelona está investigando desde hace meses a la Junta de Gobierno del ICF por la concesión de los avales para cubrir la fianza de 5.422.411,10 euros del FCRCAT que el Tribunal de Cuentas reclamaba a una treintena de ex altos cargos de los Gobiernos del Procés por destinar dinero público a la promoción del golpismo en el extranjero.
